La iniciativa fue establecida a través del Decreto 438/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La norma incorpora al derecho argentino una resolución del Mercosur aprobada en 2018 que hasta ahora no había sido implementada en el país.
Los nuevos free shops podrán vender productos nacionales e importados a personas que ingresen o salgan del territorio argentino sin el pago de determinados tributos.
No obstante, las compras estarán sujetas a los mismos límites y franquicias que actualmente rigen para los free shops ubicados en aeropuertos y puertos internacionales.
Los establecimientos deberán instalarse exclusivamente en pasos fronterizos habilitados y contar con autorizaciones del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, el Gobierno nacional podrá limitar la cantidad de locales habilitados en cada punto fronterizo y establecer condiciones específicas para su funcionamiento.
La normativa excluye una serie de bienes considerados sensibles para las economías locales o estratégicos para el país.
Entre ellos figuran vehículos y repuestos, combustibles, alimentos de la canasta básica, animales vivos, plantas, armas y municiones, maquinaria agrícola e industrial, materiales para la construcción, neumáticos y productos derivados del tabaco.
También quedan excluidos tejidos, hilados y parte del rubro calzado, aunque se mantienen excepciones para algunos artículos deportivos.
La medida busca generar un nuevo atractivo comercial en las zonas de frontera y potenciar el movimiento de viajeros en los pasos internacionales.
Sectores vinculados al turismo consideran que la implementación de free shops terrestres podría incrementar la actividad económica y favorecer la llegada de visitantes en distintos puntos del país.
Sin embargo, algunos comerciantes y cámaras empresarias advierten que la apertura de estos establecimientos podría generar una mayor competencia para negocios ya instalados en ciudades fronterizas, especialmente en rubros como electrónica, perfumería, bebidas alcohólicas y artículos de cuidado personal.
Si bien el decreto ya entró en vigencia, su implementación efectiva dependerá de la reglamentación complementaria que deberán elaborar el Ministerio de Economía y ARCA.
Las autoridades tendrán un plazo de hasta 30 días para definir los requisitos operativos, los mecanismos de autorización y las condiciones para la habilitación de los primeros locales.
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