Se trata del homónimo de un testigo que la fiscalía pidió que declare en el proceso por mega corrupción con la obra pública durante el kirchnerismo. El hombre aclaró que no trabajó en la ex-AFIP, actual ARCA. (Foto: captura YouTube @pjn-videoconferencias)
La Justicia citó por error a un hombre en el juicio de la Causa Cuadernos, al confundirlo con un testigo que tenía el mismo nombre y que había sido solicitado por la Fiscalía para declarar en el proceso.
El convocado fue identificado como Juan Carlos Santos, homónimo del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ex-AFIP, actual ARCA, durante la gestión de Alberto Abad. Al comenzar su declaración, el hombre aclaró que nunca había trabajado en ese organismo.
Durante la audiencia, le preguntaron su nombre, su profesión y si tenía algún vínculo con los imputados en la Causa Cuadernos. Santos respondió que era contador público y que no conocía a las personas involucradas en el juicio.
La confusión quedó expuesta cuando le consultaron si había trabajado en la ex-AFIP. El contador respondió que no y pidió hacer una aclaración ante el Tribunal Oral Federal N°7: “¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
Desde el tribunal le preguntaron si, al ser contactado para declarar, le habían explicado los motivos de la citación. El hombre respondió: “No, nadie me llamó ni me explico nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Yo estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver, para esto”.
También le consultaron si había intentado aclarar la situación por WhatsApp antes de presentarse. “Pregunté de qué se trataba y me dijeron que no me podían aclarar”, contestó Santos. Después de la confusión, le pidieron disculpas y se retiró de la audiencia.
El episodio ocurrió dentro del juicio por la Causa Cuadernos, que investiga hechos de corrupción vinculados con la obra pública durante el kirchnerismo.
Días atrás, cuatro funcionarios de ARCA declararon sobre presuntas maniobras utilizadas por empresarios investigados para extraer dinero en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante gobiernos kirchneristas.
Según esas declaraciones, las operatorias incluían la contratación de proveedores considerados “no confiables”, la emisión de facturas de dudosa consistencia y la compra de dólares en efectivo entregados a apoderados de uniones transitorias de empresas.
Entre las firmas mencionadas aparecen Isolux, Fainser, Sacde, ex IECSA, y Esuco. Esas compañías integraban UTE para proyectos específicos de infraestructura y, según la información expuesta en el juicio, registraban egresos como gastos comerciales vinculados a las obras.
Uno de los casos mencionados fue el de Isolux, adjudicataria en 2007 de la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la ex-AFIP detectaron que parte de los fondos habría sido derivada mediante intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.
“Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, declaró una de las testigos.
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