El Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, destinado a incentivar la incorporación al sistema financiero de los denominados “dólares del colchón”. La iniciativa será enviada este jueves al Congreso para su tratamiento.
El anuncio estuvo encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. También participaron contadores y especialistas tributarios que propusieron modificaciones al régimen aprobado en diciembre.
Caputo señaló que, según estimaciones del Banco Central, los argentinos mantienen alrededor de USD 170.000 millones fuera del sistema financiero. En ese sentido, afirmó que el objetivo es formalizar esos ahorros para aumentar la inversión, estimular la actividad económica y ampliar la recaudación.
“El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada”, sostuvo el ministro. Según explicó, la propuesta busca permitir que quienes informalizaron sus ahorros en períodos con restricciones para acceder al dólar puedan ingresarlos al sistema bancario sin penalidades.
Por su parte, Ibarzabal Murphy indicó que los cambios buscan fortalecer la seguridad jurídica del régimen y generar mayor confianza entre los contribuyentes interesados en adherir.
Uno de los ejes centrales es la ampliación del universo habilitado para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. El nuevo texto elimina los límites patrimoniales y de ingresos, por lo que podrán adherir todas las personas humanas y las sucesiones indivisas.
Los grandes contribuyentes también podrán utilizar la modalidad simplificada para que el organismo fiscal realice la liquidación previa del impuesto y puedan efectuar el pago. Sin embargo, no accederán a las presunciones, efectos liberatorios ni otros beneficios contemplados por la normativa.
La iniciativa también redefine el concepto de discrepancia significativa. El nuevo esquema establece un umbral porcentual del 15% y dispone que, aun cuando la diferencia supere ese nivel, no habrá exclusión si el monto reclamado no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto, fijado en $5 millones.
Otro cambio contempla la inversión de la carga probatoria. ARCA deberá demostrar la existencia de una discrepancia mediante información declarada, datos contenidos en sus sistemas o información aportada por terceros, sin recurrir únicamente a presunciones.
Además, el contribuyente podrá conservar los beneficios del régimen si presenta una declaración jurada rectificativa y regulariza la diferencia, junto con los intereses correspondientes, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.
En caso de que el contribuyente pague el ajuste y luego se revoque la impugnación de ARCA, recuperará la presunción de exactitud. El organismo deberá devolver los importes abonados, con intereses, en un plazo máximo de 45 días hábiles desde que quede firme la resolución.
Con información de Noticias Argentinas (NA).
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