Aunque el seguro habría reconocido la estafa, la entidad financiera le reclama impuestos e intereses. El caso tramita en los fueros civil y penal de Misiones.
Un vecino de Posadas denunció que delincuentes accedieron a su cuenta bancaria y utilizaron su tarjeta de crédito para comprar dos vehículos usados en Inglaterra por un total cercano a los 10.000 dólares. Pese a que el seguro habría reconocido que se trató de operaciones fraudulentas, el banco le reclama impuestos e intereses que elevaron la supuesta deuda a unos 27 millones de pesos.
La maniobra fue detectada en enero, mientras el damnificado se encontraba de vacaciones en Brasil. De acuerdo con el relato de su abogado, Adrián Benítez, los estafadores realizaron tres intentos de compra, aunque uno de ellos pudo ser frenado después de que el titular recibiera una notificación por correo electrónico y diera aviso.
“Hay una estafa digital acreditada ahora ya por Cibercrimen de la Policía de Misiones. A nuestro cliente le chorearon la cuenta y realizan tres compras”, sostuvo Benítez en declaraciones a FM Show.
Dos de las operaciones fueron concretadas y correspondían a vehículos usados adquiridos en Inglaterra. Al solicitar los comprobantes, la defensa advirtió que los responsables habían consignado como domicilio de facturación el Palacio de Buckingham, en Londres.
“Compraron dos vehículos usados, dos autos. Cuando pedimos el extracto, dice: ‘Fulano de tal con domicilio en el Palacio de Buckingham, en Londres’, aunque parece que es un chiste o una joda”, relató el abogado.
Según explicó, el seguro de la tarjeta reconoció el carácter fraudulento de los consumos, pero la entidad financiera continuó reclamando el pago del Impuesto PAIS y de los intereses acumulados. La situación derivó en una deuda que actualmente alcanzaría los 27 millones de pesos y en la inclusión del usuario en la categoría considerada irrecuperable dentro del Veraz.
Benítez también afirmó que la entidad bancaria transfirió la deuda a un fideicomiso o estudio jurídico externo encargado de gestionar el cobro. A partir de ese momento, según denunció, comenzaron los llamados no solamente al afectado, sino también a integrantes de su familia y personas de su entorno.
“Vendieron su deuda a un estudio tercero al banco, y este estudio empieza a llamarle a él, a la hija, al vecino, a todos; algo totalmente prohibido”, manifestó.
El abogado consideró que esa metodología vulneró los derechos del consumidor y afectó la intimidad, la reputación y la dignidad de su representado. “Se viola la Constitución Nacional de una manera muy notoria. También se viola el Código Civil, la intimidad, la honra, la reputación, la identidad, la dignidad”, sostuvo.
El caso se encuentra bajo análisis de la Justicia de Misiones. La defensa inició actuaciones ante un Juzgado Civil y Comercial, mientras que la investigación penal por la presunta estafa tramita en el Juzgado de Instrucción N.º 6. Además, las partes participaron de cuatro audiencias ante Defensa del Consumidor.
Mientras continúan los expedientes, el damnificado permanece registrado en el Veraz, una situación que, de acuerdo con su abogado, le impide acceder a créditos o realizar compras financiadas.
“Tenemos que poner realmente mano dura. No se actúa con mano dura, porque las leyes existen, pero si a un banco le doy una multa que no le importa, no se calienta”, cuestionó Benítez.
Con información de FM Show.
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