La Casa Rosada busca modificar el régimen de carrera dentro de la Administración Pública Nacional y apunta a revisar los mecanismos de ingreso, permanencia, ascensos, movilidad y remuneraciones.

El Ejecutivo sostiene que buena parte de los cambios podría implementarse por vía administrativa, aunque admite que primero deberá negociar modificaciones en el convenio colectivo con los gremios.

El Gobierno nacional avanza con una reforma del empleo público que apunta a modificar las reglas de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y remuneraciones dentro de la Administración Pública Nacional. La intención oficial es impulsar el nuevo esquema antes de fin de año, aunque el Ejecutivo reconoce que para avanzar deberá negociar cambios en el convenio colectivo.

En la Casa Rosada sostienen que la reforma podría instrumentarse principalmente por vía administrativa y que, en principio, no requeriría una ley específica. Sin embargo, admiten que parte de las modificaciones depende de acuerdos con las organizaciones sindicales.

“Requiere cambiar el convenio, así que estamos lejos”, señalaron fuentes del Gobierno. Hasta el momento, la negociación sobre esta reforma no comenzó formalmente.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que todavía no fueron convocados para discutir cambios en la carrera de la Administración Pública central. Según el gremio, las conversaciones que se realizaron hasta ahora estuvieron vinculadas con convenios colectivos de organismos alcanzados por la reforma laboral, como PAMI y ANSES.

Javier Milei volvió a poner el tema en agenda al señalar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en una reconsideración de la carrera del sector público.

Entre los puntos que analiza el Ejecutivo aparecen los mecanismos de ingreso y permanencia, la forma de evaluar el desempeño, las condiciones para los ascensos, la movilidad entre áreas y la composición de los ingresos según funciones y resultados.

También se encuentran bajo revisión las reglas que pueden derivar en desvinculaciones. Desde el Gobierno aclaran que la letra fina de la propuesta todavía no está cerrada y que cualquier cambio deberá adaptarse al marco legal vigente.

Actualmente, el empleo público nacional está regulado principalmente por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/2006, y por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecido mediante el decreto 2098/2008 para buena parte de la administración.

La normativa vigente ya contempla mecanismos de selección destinados a acreditar idoneidad y establece criterios de mérito, eficiencia, rendimiento y capacitación dentro de la carrera administrativa.

También prevé un período de prueba de 12 meses para acceder a la estabilidad y evaluaciones satisfactorias. En el SINEP, por ejemplo, la promoción de grado requiere determinadas calificaciones y actividades de capacitación.

Por ese motivo, la discusión que impulsa el Gobierno no pasa por incorporar por primera vez evaluaciones de desempeño, sino por modificar su funcionamiento y aumentar el peso que tienen dentro de la carrera y las remuneraciones.

Uno de los principales condicionantes será la negociación sindical. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados de la Administración Pública Nacional deben negociarse entre el Estado y las asociaciones sindicales con personería gremial.

El convenio general también contempla que la estructura de la carrera y el escalafón pueden formar parte de la negociación colectiva sectorial. Si existe acuerdo entre las partes, puede instrumentarse posteriormente mediante un acto administrativo.

Ese mecanismo tiene límites. La Ley 25.164 establece derechos y garantías mínimos que no pueden ser reducidos mediante negociación colectiva. Si la reforma buscara modificar aspectos directamente contemplados por esa norma, el Ejecutivo necesitaría enviar un proyecto al Congreso.

La reforma laboral de los empleados públicos avanza, además, por un carril diferente al proceso de reorganización del Estado que prepara el Ministerio de Desregulación.

Ese segundo proyecto contempla una revisión integral de organismos, competencias y estructuras para definir nuevas eliminaciones, fusiones o transformaciones y, según la información aportada, la Casa Rosada prevé enviarlo al Congreso.

La diferencia responde también al marco jurídico: la estructura orgánica de la Administración Pública y las facultades de dirección del Estado están excluidas de la negociación colectiva, mientras que la carrera, el escalafón y otras condiciones laborales sí pueden discutirse con los gremios.

Con información de TN.