El Poder Judicial de Misiones llega a la discusión del Presupuesto 2027 con un fuerte crecimiento de la demanda y una expansión mínima de su planta de personal. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti, informó ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes que entre 2023 y 2026 la litigiosidad aumentó 83%, mientras que los recursos humanos crecieron apenas 1%.
“¿Qué les quiero decir con esto? Que hemos aprendido a manejar el recurso humano, a manejar lo que tenemos para dar respuesta a un 83% más de litigiosidad”, expresó Venchiarutti durante su presentación ante los diputados.
La titular del STJ vinculó ese incremento con los cambios sociales, la aparición de nuevas leyes y la incorporación de herramientas y tecnologías que modificaron el funcionamiento de la Justicia. En ese escenario, uno de los principales lineamientos para 2027 será reorganizar los recursos existentes antes que acompañar el aumento de casos con un crecimiento equivalente de la estructura.
Uno de los cambios planteados apunta a los juzgados de violencia de Posadas. Actualmente funcionan tres juzgados de familia y dos especializados en violencia, y la propuesta consiste en ampliar la competencia de estos últimos para que los cinco puedan intervenir tanto en cuestiones familiares como en situaciones de violencia.
“Con la misma cobertura edilicia, con el mismo personal, estamos gestionando y dando una respuesta mucho más eficiente”, sostuvo Venchiarutti.
Otro de los desafíos será la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil, prevista para el 5 de septiembre. La presidenta del STJ explicó que el sistema incorporará la figura del supervisor, función que podrá ser ejercida por un psicólogo o asistente social encargado de acompañar al joven durante el cumplimiento de las medidas judiciales.
También se trabaja en protocolos de justicia restaurativa. Venchiarutti ejemplificó que, frente a un daño cometido contra una escuela, una medida podría contemplar la participación del joven en la reparación del establecimiento, vinculando de manera directa la respuesta judicial con el perjuicio ocasionado.
En paralelo, el Poder Judicial desarrolla acciones de prevención e información en escuelas, particularmente con estudiantes de cuarto y quinto año, para explicar los alcances del nuevo régimen y las responsabilidades que establece.
La estrategia para 2027 contempla además profundizar el uso de herramientas digitales y de lenguaje sencillo para acercar la Justicia a la ciudadanía. Entre las iniciativas presentadas se encuentra el acceso desde teléfonos celulares a la Constitución en una versión de fácil comprensión, junto con información sobre derechos, dependencias judiciales y organismos cercanos mediante geolocalización.
Dentro de esa política, Venchiarutti destacó también la evolución del programa “Jueces en la escuela”, que durante 2025 recorrió 19 establecimientos educativos y posteriormente amplió su alcance hacia otros sectores de la comunidad.
La exposición incluyó además un proyecto para reorganizar las defensorías del trabajador. Debido a una reducción de la demanda específica en ese ámbito, se analiza junto con el Ministerio Público ampliar sus competencias para que puedan brindar asistencia en cuestiones civiles, comerciales y de familia.
En materia de infraestructura, la presidenta del STJ informó que la construcción del jardín maternal del Poder Judicial, ubicado detrás del edificio de Santa Catalina, alcanzó aproximadamente un 40% de ejecución. La expectativa es finalizarlo hacia fin de año para que pueda comenzar a funcionar con el próximo ciclo lectivo, priorizando inicialmente a trabajadores de menores ingresos.
También continúa un proceso de concentración de dependencias para disminuir el gasto en alquileres. La estrategia consiste en reunir distintas áreas dentro de un mismo inmueble, mientras avanzan nuevos juzgados de paz y espacios vinculados con el acceso a la Justicia y la mediación comunitaria.
Finalmente, Venchiarutti se refirió a los cambios procesales que deberá afrontar la Justicia provincial. Consideró que la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal permitirá observar el funcionamiento del sistema antes de avanzar con modificaciones similares en la provincia.
Para el nuevo esquema provincial, explicó que se prevé aproximadamente un año de capacitación y una redistribución de los recursos humanos existentes entre jueces, fiscales y otras áreas. “Con el mismo recurso humano y con la misma capacidad edilicia, le vamos a dar respuesta a este nuevo desafío”, afirmó.
Con información de Misiones Online.
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