El Gobierno ya publicó dos decretos que aceleran el procedimiento para investigar operaciones hidrocarburíferas sin autorización argentina y refuerzan partidas de Defensa. La próxima semana enviará al Congreso un proyecto más amplio que alcanzará también a proveedores y otras actividades vinculadas con los recursos naturales de las islas.
El Gobierno de Javier Milei avanzó este viernes con las primeras medidas del paquete anunciado por Malvinas y prepara el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que buscará endurecer las sanciones contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en las islas y sus espacios marítimos.
El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento para investigar y eventualmente sancionar actividades petroleras realizadas sin autorización argentina en las áreas vinculadas con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Los organismos públicos deberán informar posibles infracciones dentro de los cinco días hábiles desde que tomen conocimiento de ellas. Una vez iniciado el sumario, las personas o compañías investigadas dispondrán de diez días para presentar su descargo.
La norma incorporó además nuevas exigencias para empresas que pretendan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o conseguir permisos, concesiones y habilitaciones en materia hidrocarburífera. Deberán presentar declaraciones juradas en las que aseguren que tanto ellas como sus socios no realizan ni realizarán actividades alcanzadas por las prohibiciones establecidas en la legislación argentina.
El paquete incluye también el Decreto 867/2026, que modificó el Presupuesto Nacional 2026 para reforzar partidas destinadas, entre otras áreas, a Defensa, inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
En el área de Defensa, el Ejecutivo pretende financiar la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento de las Fuerzas Armadas, además de avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones.
El Gobierno busca convertir ese complejo austral en un punto logístico para el Atlántico Sur y ampliar las capacidades de proyección hacia la Antártida. La modificación presupuestaria fue instrumentada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, que deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
La parte más amplia del esquema llegará al Poder Legislativo durante la próxima semana. La Casa Rosada prevé enviar un único proyecto que modificará la Ley 26.659 para endurecer las penas existentes y extenderlas también a proveedores de empresas involucradas en actividades no autorizadas.
Según el esquema anticipado, los infractores podrían quedar impedidos de contratar tanto con organismos públicos como con empresas privadas en la Argentina. El proyecto también incorporará la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda y ampliará el régimen a otras actividades realizadas en las islas que afecten recursos naturales reclamados por el país.
La intención oficial es que las herramientas no queden limitadas al proyecto petrolero Sea Lion, sino que permitan intervenir ante otras operaciones económicas que el Gobierno considere contrarias a la legislación argentina.
La iniciativa incluirá además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado por áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Entre sus funciones estarán la protección de infraestructura crítica y la coordinación de políticas de vigilancia marítima y aeroespacial.
Milei buscará que el Congreso otorgue también facultades para aplicar medidas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Con información de TN.
