El Gobierno argentino abrió un nuevo frente en la disputa por Malvinas al denunciar operaciones aéreas realizadas por una empresa británica entre las islas y Punta Arenas, en Chile, que, según la Casa Rosada, no contaban con autorización de las autoridades argentinas.
La Oficina del Presidente informó que las operaciones fueron realizadas por THALES UK LIMITED mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido. A partir de esa situación, Javier Milei ordenó iniciar de manera urgente procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas vinculadas con el caso.
Según la información difundida, los vuelos estuvieron relacionados con el traslado de empresarios provenientes de las islas hacia Punta Arenas, donde se desarrollaron actividades orientadas a generar vínculos comerciales con proveedores del sur de Chile.
La decisión se conoció al mismo tiempo que el Gobierno argentino profundizó sus acciones contra el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo declarado de impedir la explotación de hidrocarburos que Argentina considera ilegítima en el área.
El Ejecutivo también intimó al Reino Unido para que adopte medidas destinadas a impedir el avance de esas actividades. En caso de no obtener respuesta dentro del plazo establecido, Argentina anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos soberanos que reclama sobre su plataforma continental.
Las nuevas acciones se suman a los procedimientos que el Gobierno había iniciado durante septiembre contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona disputada.
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