La Ley 27.828 comenzó a regir este martes y modifica el régimen de Zona Fría, los mecanismos para compensar deudas de distribuidoras con CAMMESA y distintos criterios de facturación. También introduce cambios para energías renovables e hidrocarburos.

Argentina tiene desde este martes un nuevo marco normativo para distintos segmentos del sector energético, luego de la entrada en vigencia de la Ley 27.828.

La norma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada mediante el Decreto 1161/2026, modifica el alcance de los subsidios al gas natural, crea mecanismos para regularizar obligaciones del sector eléctrico y cambia distintos aspectos de la formación de tarifas.

Uno de los puntos centrales está en el Régimen de Zona Fría. La ley mantiene el tratamiento específico para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que para otras localidades incorporadas posteriormente el beneficio pasará a depender de criterios socioeconómicos, climáticos y de la inscripción en el sistema de subsidios focalizados.

Entre los requisitos previstos se encuentra que los ingresos netos conjuntos del hogar no superen tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2. También se contemplan situaciones vinculadas al ReNaBaP, veteranos de la Guerra del Atlántico Sur y personas con Certificado Único de Discapacidad, en este último caso sujeto a evaluación de la Secretaría de Energía.

La reforma también modifica la composición de las facturas eléctricas. Los distintos componentes vinculados con la adquisición y transporte de energía deberán discriminarse, mientras que no podrán incorporarse tributos locales ni cargos ajenos a los bienes y servicios facturados. La propia norma conserva excepciones para el alumbrado público y determinados conceptos propios de la distribución.

Además, establece mecanismos para compensar determinadas deudas de distribuidoras con CAMMESA, prorroga hasta 2045 disposiciones del régimen de energías renovables y elimina antiguos regímenes de promoción de hidrocarburos, preservando derechos ya adquiridos por proyectos aprobados.

La ley ya está vigente, aunque varios de sus efectos dependerán de reglamentaciones y decisiones administrativas posteriores. Tampoco establece por sí misma un porcentaje uniforme de aumento o reducción para las facturas residenciales.