La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado el control estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga.

A partir de la decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar sus atribuciones para revisar, fiscalizar y autorizar las variaciones tarifarias de los planes.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y constituye, según la información suministrada, la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre el decreto 70/2023.

El caso que llegó a la Corte

El fallo confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata en una causa iniciada por una afiliada cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

De acuerdo con la información suministrada, si se hubiese aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido de 6,26%.

La causa llegó a la Corte a partir de recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.

El pronunciamiento podría además tener incidencia sobre alrededor de 500 expedientes similares pendientes ante el máximo tribunal y sobre otros reclamos promovidos por afiliados en distintos juzgados del país.

Qué cambia para los aumentos

Los artículos invalidados habían eliminado disposiciones que sometían los valores de las cuotas a supervisión estatal.

Con el nuevo fallo, la Superintendencia deberá volver a analizar los incrementos y verificar que estén justificados por variaciones en la estructura de costos y por cálculos actuariales razonables de los riesgos.

La Corte, sin embargo, revocó la parte de la sentencia de La Plata que vinculaba los aumentos de manera automática con el Índice de Precios al Consumidor.

De esta manera, la decisión no establece un techo general equivalente a la inflación, sino que restituye las facultades regulatorias de la autoridad de aplicación para analizar cada modificación tarifaria.

La Corte cuestionó la falta de urgencia del DNU

El tribunal sostuvo que la Constitución permite al Poder Ejecutivo ejercer facultades legislativas mediante decretos de necesidad y urgencia únicamente bajo condiciones excepcionales.

Para ello, debe existir una imposibilidad de que el Congreso sancione una ley mediante el procedimiento habitual o una urgencia que requiera una solución incompatible con los tiempos legislativos.

La Corte consideró que los fundamentos del DNU no ofrecían una justificación suficiente sobre las circunstancias excepcionales que permitieran eliminar los controles sobre los precios de las prepagas.

También remarcó que razones de conveniencia del Poder Ejecutivo no alcanzan para justificar la utilización de un régimen excepcional en reemplazo del trámite legislativo.


Con información de Infobae.