La Corte Internacional de Justicia responsabilizó al Estado asiático por la persecución de la minoría musulmana. La decisión es histórica, pero no implica el encarcelamiento de militares ni garantiza el regreso de más de un millón de refugiados que permanecen en Bangladesh.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este jueves 19 de noviembre una sentencia histórica: Myanmar es responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohingya, perseguida durante décadas en el norte del estado de Rakáin.

La decisión fue aprobada por nueve votos contra seis y marca un precedente en la historia del tribunal de las Naciones Unidas, que nunca antes había declarado a un Estado responsable de cometer genocidio.

Los jueces también determinaron, por nueve votos contra seis, que Myanmar incumplió su obligación de impedir actos de genocidio cometidos por particulares en colaboración con sus fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el tribunal descartó por 14 votos contra uno que las autoridades del país hubieran incitado públicamente al genocidio.

Qué significa el fallo y por qué es histórico

La sentencia representa el reconocimiento jurídico internacional de los crímenes sufridos por los rohingyas, una comunidad que enfrentó persecución, desplazamientos forzados y asesinatos masivos.

La corresponsal de BBC News Anna Holligan, quien informó desde La Haya, destacó que se trata de la primera vez que la Corte Internacional de Justicia declara a un país responsable de genocidio.

Para los sobrevivientes y las familias que permanecen en campos de refugiados en Bangladesh, la resolución reconoce formalmente la gravedad de los hechos que denunciaron durante años.

Sin embargo, el fallo no garantiza que puedan regresar de manera segura a sus hogares.

¿Los responsables militares irán a prisión?

La respuesta no es automática.

La Corte Internacional de Justicia tiene competencia para establecer la responsabilidad de los Estados, pero no puede imponer penas de prisión a personas individuales.

Esa función corresponde a tribunales penales internacionales, como la Corte Penal Internacional, que pueden investigar y juzgar a personas por determinados crímenes.

Además, la CIJ no dispone de un mecanismo propio para ejecutar sus sentencias.

Por este motivo, aunque el fallo constituye un reconocimiento histórico, no significa que los mandos militares de Myanmar sean encarcelados como consecuencia directa de la resolución.

De todos modos, la decisión podría fortalecer otros procesos judiciales y los pedidos para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impulse medidas destinadas a garantizar su cumplimiento.

La persecución que provocó un éxodo masivo en 2017

Los rohingyas son una minoría étnica musulmana que vive principalmente en Rakáin, una región de Myanmar, país de mayoría budista.

La comunidad sufrió décadas de discriminación y violencia. Además, las leyes de Myanmar les niegan la ciudadanía, lo que los convirtió en una de las poblaciones apátridas más numerosas del mundo.

La situación se agravó en 2017, cuando las fuerzas militares desarrollaron operaciones contra comunidades rohingyas con el apoyo de grupos budistas locales.

Durante esos ataques se registraron incendios de aldeas, asesinatos de civiles y desplazamientos masivos.

Según Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 personas fueron asesinadas durante el primer mes de violencia, entre ellas 730 niños menores de cinco años.

Más de 700.000 rohingyas huyeron hacia Bangladesh, mientras que Amnistía Internacional denunció violaciones y abusos sexuales cometidos contra mujeres y niñas por integrantes del Ejército.

Más de un millón de personas siguen viviendo en campos de refugiados

Las sucesivas persecuciones obligaron a casi dos millones de rohingyas a abandonar Myanmar a lo largo de las décadas.

Actualmente, más de un millón de desplazados permanecen en campos de refugiados en Bangladesh.

La ONU ha calificado a esta comunidad como una de las minorías más perseguidas del mundo.

Para estas personas, la sentencia representa un reconocimiento internacional de los crímenes sufridos, aunque todavía no resuelve las condiciones necesarias para regresar a sus lugares de origen.

La controversia por Aung San Suu Kyi

El fallo también vuelve a poner en discusión el papel de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991 y figura del gobierno civil de Myanmar durante los ataques de 2017.

La dirigente encabezó la defensa inicial de Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia.

Según el corresponsal de BBC News Jonathan Head, Suu Kyi tenía un control limitado sobre las fuerzas militares, pero tampoco condenó públicamente sus operaciones contra la población rohingya.

En cambio, cuestionó las informaciones periodísticas sobre la violencia y habló de desinformación.

Posteriormente, el jefe militar Min Aung Hlaing derrocó su gobierno y la encarceló.

La resolución de la CIJ determina la responsabilidad del Estado de Myanmar, no una condena penal individual contra Suu Kyi.

Las organizaciones de derechos humanos celebraron el reconocimiento

Human Rights Watch destacó que la sentencia constituye un reconocimiento esperado durante años por las víctimas de la persecución.

Por su parte, María Elena Vignoli, asesora jurídica en Justicia Internacional, señaló que el fallo establece un precedente importante para otras víctimas de genocidio y crímenes graves.

La decisión abre una nueva etapa en el reconocimiento internacional de los hechos ocurridos en Myanmar, aunque su cumplimiento y las condiciones de vida de los refugiados siguen siendo desafíos pendientes.


Con información de BBC News Mundo