Será en dos semanas. En Casa Rosada consideran que esta medida es un poco más soft; así, la mujer que se realice un aborto no iría presa. El debate será sobre si debe avalarlo o no un juez.
Tras el rechazo al aborto legal en el Senado, el Gobierno va a intentar lograr la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará el 21 de agosto al Congreso. Este paso, lo consideran en la Rosada, sería menos controvertido, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer. Cuestión que será polémica porque el gran reclamo de la “ola verde” no se está solucionando.
El jefe de Gabinete confirmó que el 21 de agosto enviarán al Congreso el proyecto para la reforma y, aunque evitó hablar de “despenalización”, dijo que la temática “fue incluida por los expertos que lo desarrollaron”.
¿Qué va a decir el proyecto de reforma del Código Penal?
Lo que trascendió es que el texto señalará que un juez tenga la posibilidad de eximir de pena a la mujer que se practique un aborto y, además, se consideraría que no sería punible el aborto en caso de un embarazo producto de una violación.
“Todos aprendimos mucho. Que esto no nos divida, celebremos lo que nos unió. Sigue el desafío de fortalecer los derechos de las mujeres, el acceso a la salud, la prevención y educación sexual”.
Marcos Peña, Jefe de Gabinete
La polémica
La despenalización, de todos modos, podría generar una nueva polémica y ya abrió un debate dentro del propio Gobierno. Según el proyecto de reforma, por ahora la despenalización queda a criterio de cada juez. Lo que se evalúa ahora es si no hay que ir un paso más allá y directamente sacar el castigo para las mujeres. De este lado está, el ministro de Justicia, Germán Garavano.
En conclusión
Para la reforma del Código, la comisión de expertos deja en manos del juez la posibilidad de despenalizar a la mujer -para la que se prevén de 1 a 3 años de prisión por abortar-, pero el Ministerio de Justicia buscaría que directamente quede sin sanción en la redacción. De ese modo el aborto seguiría configurado como un delito, aunque no habría pena para la mujer (se mantendrá para médicos, cirujanos, farmacéuticos, como en el actual Código).
En fin, lo que busca el gobierno con la reforma es convertir en ley los pronunciamientos de la Corte Suprema en el fallo “F.A.L”, de 2012 y garantizar un protocolo de asistencia médica para los abortos producto de una violación o por riesgo de vida de la mujer. Un sector de los impulsores de la legalización exploró llevar al recinto del Senado una iniciativa en esa línea, ante la perspectiva desfavorable en la previa. Habrá que ver como lo manejan y comunican, por ahora no parece suficiente con el reclamo visto ayer en las calles, pero de avanzar un poco más se generaría nuevamente un debate similar al que finalizó en la madrugada de este jueves.