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Macri imputado por el acuerdo con el FMI

Macri imputado

La medida la tomó el fiscal Jorge Di Lello. Es porque el pedido de auxilio financiero por 50 mil millones de dólares no pasó por el Congreso. La medida se extiende a varios miembros del Gobierno por “abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público”, al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Di Lello, que hizo lugar a una denuncia presentada por miembros del partido político Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula del Gobierno.

Con base en esto, Di Lello le transmitió a Ercolini que confía en su “elevado criterio” para decidir si corresponde dictar estas medidas y así evitar los “perjuicios económicos y sociales” que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del programa financiero, o bien permitir que continúe el plan.

El fiscal también imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y “todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable”.

“Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido”, explica el fiscal Di Lello en su resolución, divulgada hoy por los denunciantes.

En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar el pasado junio con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es “violatoria de la Constitución”. Asimismo, exigen que cautelarmente se suspenda la ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de” futuros retiros o solicitud de fondos” de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya transferidos (15.000 millones).

Según disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tenía que haber sometido el acuerdo al estudio del Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.

 

 

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