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? Justicia y tecnología se unen en la búsqueda de simplificación y abreviación de trámites y plazos

Este lunes se realizó un nuevo juicio con el uso de las plataformas virtuales que permiten la generación de acciones disponiendo todos los recursos necesarios para la protección y el cuidado de todos los actores en los procesos judiciales.

El Juicio Abreviado, a cargo en esta oportunidad de la jueza Correccional y de Menores nro.1 de Posadas Marcela Leiva, tiende a simplificar el sistema de enjuiciamiento penal, mediante mecanismos sencillos, ágiles y veloces donde el imputado debe reconocer el delito y aceptar la pena. El mismo permite una salida alternativa mediante un acuerdo entre el fiscal, el imputado y su defensa, con el debido asesoramiento técnico para que se le expliquen las particularidades del procedimiento.

En todos los casos, el acusado debe prestar su conformidad en forma libre y voluntaria; si acepta, se dicta la sentencia, imponiendo una condena, como sucede en un juicio oral y público, pero con tiempos mucho más acotados, lo que permite reducir la cantidad de procesos judiciales.

Nuevamente el trabajo mancomunado entre el área de informática del Poder Judicial y el Servicio Penitenciario Provincial hizo posible que Agustín Guido Gómez reconozca su responsabilidad y conozca la condena establecida.

El Juicio Abreviado es una herramienta que aporta celeridad y economía al proceso penal y hoy, ante la pandemia COVID-19, con el aporte del uso de estas herramientas suma cuidado sanitario y evita el traslado del imputado y el personal protegiendo, aún más, los recursos humanos puestos al servicio de justicia.

En la oportunidad estuvieron presentes en la Sala de Debate del juzgado Correccional y de Menores nro 1: la Jueza que presidio el acto, Marcela Leiva; Fiscal Correccional y de Menores Nro 1, María Laura Álvarez; Defensora Oficial, Liliam Belloni, y Gonzalo Bordón, secretario del juzgado. Desde la Unidad Penal Nº VI de Miguel Lanús Agustín Guido Gómez siguió el proceso, quien recibió una codena de dos años y seis meses por lesiones y amenazas comprometiéndose a cumplir la pena y realizar los tratamientos psicológicos correspondientes.

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