La decisión del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), un organismo dependiente del Conicet con sede en Ushuaia, de erradicar una plaga de conejos silvestres mediante la fumigación con gas fosfina, originó una polémica con asociaciones protectoras de los animales que llevaron el tema a la justicia.

El Cadic emitió un comunicado en el que explicó que la proliferación de estos animales en inmediaciones de la institución produce un riesgo “ambiental y sanitario” para la zona, y en particular un problema para el propio edificio del organismo.

Los conejos construyen madrigueras que producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas, como el edificio del Cadic”, detalló el comunicado.

Además, mencionó que este tipo de fauna “destruye la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias”, a la vez que representa “un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas” y “para la seguridad de las aeronaves” ya que el lugar se encuentra próximo a un aeropuerto.

Respecto al método para contener la plaga, el organismo precisó que se utilizará “una fumigación pasiva y extracción manual” a través de un procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y posee un impacto nulo para el medioambiente”.

Sin embargo, tanto la Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (Afada) como la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) mostraron su desacuerdo con la medida y presentaron un recurso de amparo ante la justicia para evitar que se concrete.

En la causa iniciada ante el Juzgado Civil y Comercial 2 de Ushuaia, a cargo del juez Gustavo González, las asociaciones plantearon que la erradicación de los conejos “amenaza la fauna silvestre de la provincia, su diversidad biológica y valor cultural, y la integridad física y psíquica de los animales, vulnerando sus derechos a no ser víctima de sufrimientos innecesarios”.

Según la demanda a la que accedió Télam, las pastillas de Fosfuro de Aluminio que se utilizarán para la fumigación, resultan “altamente tóxicas para cualquier ser vivo”, y están clasificadas “en categoría IA (extremadamente tóxicas) por la Organización Mundial de la Salud”.

“Además de atentar contra la vida de la población de conejos que habitan en ese predio, se pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona. Los actos que pretende llevar a cabo el Cadic carecen de fundamento legal y ético, y atentan contra los derechos fundamentales de esa especie y contra la diversidad biológica”, según el amparo judicial.

En cambio, el doctor en biología e investigador del Cadic Adrián Schiavini, sostuvo que el gas fosfina está compuesto por una molécula de fósforo y tres de hidrógeno, con lo que “el gas se degrada en pocos días en sus componentes básicos sin dejar residuos dañinos para el medio, ya que el fósforo y el hidrógeno son compuestos que ya existen en la naturaleza”.

También dijo que los conejos muertos “quedarán debajo del edificio, sin que predadores ni carroñeros pueden acceder a ellos. Por lo tanto es erróneo hablar de riesgos para otros animales, para seres humanos o para el medio ambiente”, aseveró el científico.