El Gobierno disuelve la Administración General de Puertos y crea la Agencia Nacional de Puertos y Navegación

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) a través del Decreto 3/2025, una medida que confirma el cierre de la sociedad estatal encargada de administrar el puerto de Buenos Aires y la hidrovía del río Paraná. Este cambio organizacional también incluyó la creación de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que será responsable de la concesión y control de la vía navegable troncal del río Paraná, una arteria vital para el comercio exterior argentino.

Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno detalló la eliminación de la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, reemplazándolas por la nueva agencia autárquica dependiente del Ministerio de Economía. La ANPYN asumirá el rol de concesionario del dragado del río Paraná hasta que se adjudique la licitación correspondiente, y una vez realizada la concesión, se encargará de fiscalizar y controlar el servicio.

Este cambio se produce tras la derogación de la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado, impulsada por el Decreto 70/23, que establece que las empresas con participación estatal deben transformarse en sociedades anónimas sin prerrogativas públicas. El Gobierno justificó la medida al señalar que la AGP había incrementado su estructura administrativa y personal en relación con sus funciones y competencias, lo que resultó en una desproporción.

La nueva agencia estará dirigida por Iñaki Miguel Arreseygor, quien se desempeñaba como subsecretario de Puertos y Vías Navegables en la gestión de Milei y asumirá el cargo de director ejecutivo con rango de Secretario de Estado, tras presentar su renuncia. Este movimiento refleja la política del Gobierno de reestructurar empresas estatales que no cumplen con su función de manera eficiente.

La disolución de la AGP se suma a la liquidación de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) en octubre, la cual fue justificada por no cumplir con funciones esenciales. Con esta nueva medida, el Gobierno de Milei continúa con su estrategia de optimización y reestructuración de empresas estatales, un paso clave para redefinir el control de la infraestructura estratégica de Argentina.

Este cambio ocurre en medio de una licitación crucial para el dragado de la hidrovía del río Paraná, por donde transita el 80% de las exportaciones del país, en un negocio estimado en 9.000 millones de dólares. El proceso de licitación está siendo intensamente disputado por empresas internacionales, algunas de las cuales han quedado fuera debido a las nuevas restricciones que impiden a las empresas controladas por estados soberanos participar, como es el caso de Shanghai Dredging Co., una filial de la China Communications Construction Company (CCCC).