Dos guardias municipales de Balneário Camboriú, en el Litoral Norte de Santa Catarina, Brasil, fueron condenados a dos años y nueve meses de prisión en régimen abierto por torturar a un hombre con discapacidad y abandonarlo inconsciente a un costado de la carretera BR-101. Además, los acusados perdieron sus cargos públicos. La sentencia todavía está sujeta a apelación.
El hecho ocurrió el 26 de enero cuando la víctima, un hombre con dificultades para hablar, se resguardaba de la lluvia bajo una pasarela en la Marginal Oeste, cerca de la BR-101. Según la Policía Civil, los guardias abordaron al hombre, lo esposaron, lo subieron al baúl de la patrulla y lo trasladaron a una zona boscosa del barrio Várzea do Ranchinho. Allí, fue severamente golpeado y posteriormente abandonado inconsciente en las inmediaciones de la carretera, ya en la vecina ciudad de Itajaí.
El hombre fue auxiliado por un equipo de rescate de la concesionaria de la BR-101 y trasladado a una unidad de salud, donde recibió atención médica y fue dado de alta el mismo día. Según familiares, tenía el hábito de recorrer la región en bicicleta y nunca había tenido conflictos previos con las autoridades.
Investigación y medidas disciplinarias contra los guardias
En abril de 2024, los guardias municipales fueron objeto de órdenes de allanamiento y una medida cautelar que les prohibió acercarse a la víctima o a los testigos. La Guardia Municipal confirmó que, desde el inicio de las investigaciones, los acusados fueron suspendidos de sus funciones y se abrió un proceso administrativo en su contra.
La gestión municipal actual aclaró que el caso ocurrió durante la administración pasada y aseguró que respetará el proceso judicial hasta que la sentencia quede firme. Aunque los nombres de los condenados no fueron revelados debido al carácter confidencial del caso, la Policía Civil enfatizó que la víctima fue objeto de “severa tortura”, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades competentes.
El caso ha generado repercusión en la comunidad local, mientras organismos de derechos humanos destacan la importancia de sancionar este tipo de abusos para garantizar el respeto a las leyes y los derechos de las personas con discapacidad.