Petri defendió la decisión en su cuenta de X, afirmando que se trata de una acción necesaria, aunque controvertida, dirigida a quienes, según él, defienden a “narcos, terroristas y violentos delincuentes”. El ministro retó a los opositores a decidir de qué lado se posicionan frente a esta medida.
El funcionario subrayó que la ley ya permite a las Fuerzas Armadas reforzar el control fronterizo y que la posibilidad de arrestos en casos de flagrancia está contemplada en los códigos procesales tanto a nivel provincial como nacional. “Todos los países limítrofes con Argentina utilizan sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras. EEUU lo acaba de anunciar en enero. ¿Por qué aquí algunos se escandalizan?”, cuestionó.
La resolución especifica que el objetivo es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar debe desarrollar, limitándolo a su defensa y la de terceros ante agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida o la integridad física”.
Sin embargo, la normativa también establece restricciones claras: no se permite el uso de armas contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, o recintos, incluso si existen sospechas fundadas de actividades ilícitas.
Esta medida es parte de un enfoque más amplio del Gobierno para abordar la seguridad en el país y ha suscitado diversas reacciones entre diferentes sectores de la sociedad.
La autorización a las fuerzas militares para intervenir en la detención de civiles plantea preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles. La discusión en torno a la medida se espera que continúe, reflejando diversas opiniones sobre el uso de las fuerzas armadas en situaciones de seguridad pública.
Con información de Noticias Argentinas
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