La medida busca incentivar la siembra invernal en un contexto de baja registración de ventas al exterior. De hecho, aún no se anotó ni una tonelada de trigo 2025/26 en el sistema de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE), lo que impide al Estado cobrar retenciones.
El beneficio no se extenderá a los granos de la cosecha gruesa, como soja, maíz, girasol y sorgo. A partir del 1 de julio, esos cultivos volverán a tributar los aranceles que regían en enero: 33% para el poroto de soja, 31% para sus derivados, 12% para maíz y sorgo, y 7% para girasol.
Caputo fue directo al anunciar la vuelta de las alícuotas más altas: “Esta medida no se aplicará a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos, cuyo derecho de exportación volverá a los valores de enero”, explicó el funcionario, alineado con la advertencia previa del presidente Javier Milei: “Avisen al campo que si tienen que liquidar, lo hagan ahora”.
La decisión fue bien recibida por las cámaras agroexportadoras CIARA y CEC, que celebraron el gesto pero pidieron extender el alivio al resto de los cultivos: “Es el camino correcto, pero es necesario incluir a los granos de la cosecha gruesa, que representan un alto impacto en producción y exportación”, señalaron en un comunicado.
Desde la Federación Agraria Argentina también reclamaron que la baja sea definitiva. “Esta baja genera un pequeño margen de rentabilidad, pero necesitamos previsibilidad para encarar la campaña de fina”, sostuvo su presidenta, Andrea Sarnari.
El Gobierno, urgido por las necesidades de reservas y sin intención de activar el esquema de flotación cambiaria sugerido por el FMI, apuesta a incentivar exportaciones rápidas sin ceder terreno fiscal. La medida tendría un costo estimado de entre 80 y 100 millones de dólares, pero busca evitar una parálisis en un sector clave para el ingreso de divisas.
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