El jueves 29 de mayo comenzó en Salta el juicio contra Nelson Leonardo Cositorto, acusado de liderar una organización delictiva vinculada a la financiera Generación Zoe, a través de la cual se habrían cometido 118 estafas, según denuncias de damnificados en esa provincia.
Cositorto será juzgado como autor de estafas reiteradas y jefe de una asociación ilícita, en una causa que investiga el perjuicio económico contra decenas de personas que confiaron sus ahorros en la empresa.
Junto a él también enfrentan el proceso judicial Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, todos acusados como coautores de estafas reiteradas y asociación ilícita.
Según la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la estafa habría superado los 5,6 millones de pesos y 574.000 dólares.
El juicio se lleva a cabo en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, presidido por el juez Martín Pérez, con los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar. Se espera que se extienda por al menos un mes, con la declaración de más de 160 testigos.
Cositorto fue trasladado desde una cárcel en Corrientes y actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía General de Salta para poder asistir a las audiencias.
La causa se inició en 2022 tras múltiples denuncias contra la sucursal salteña de Generación Zoe, ubicada en calle Pellegrini 782. La financiera ofrecía contratos bajo la fachada de “membresías educativas”, con inversiones que prometían retornos mensuales de entre 7,5% y 10%, y anuales del 120%.
A través de distintas modalidades –Classic, Premium e Intelligent– los inversores eran incentivados con bonificaciones inmediatas y altas tasas de interés, pero también con comisiones por referir nuevos aportantes, en un modelo que replicaba las características de un esquema piramidal.
Incluso se ofrecían inversiones especiales, como los llamados “Robots“, con promesas de duplicar el capital en solo tres meses, exigiendo un mínimo de 1.500 dólares.
La mayoría de las operaciones se realizaban en efectivo, entregado directamente a los imputados, aunque en algunos casos también se registraron transferencias bancarias a nombre de Jorge Federico Vilardel, señalado como el encargado de distribuir el dinero entre empleados e inversionistas.
Con información de Diario Época
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