El gobierno de Javier Milei acaba de lanzar una dura reforma migratoria a través del Decreto 366/2025, con el claro objetivo de endurecer los controles y limitar el acceso a derechos y servicios para los inmigrantes que lleguen sin inversión. La flamante política, que recuerda las estrategias de Donald Trump en EE.UU., establece que aquellos que ingresen con dinero para invertir serán recibidos con los brazos abiertos, mientras que quienes no tengan recursos enfrentaran un nuevo paquete de restricciones.
El decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones N°25.871 y establece cambios que impactan en la residencia, la salud, la educación y la regularización de los migrantes en Argentina. Entre las principales modificaciones, el gobierno limita el acceso a servicios sociales, salud y educación de los inmigrantes sin inversión, e intensifica los controles en las fronteras y los procesos de deportación para quienes cometan delitos.
Nuevas reglas para la salud y la educación
El decreto aclara que en casos de emergencia, los inmigrantes podrán acceder al sistema de salud, pero solo en situaciones críticas y solo si presentan un seguro de salud o si cancelan previamente el servicio, según las condiciones del Ministerio de Salud. Además, los inmigrantes residentes permanentes tendrán acceso en igualdad de condiciones que los argentinos, mientras que en los establecimientos públicos solo se brindará atención médica contra la presentación de seguros o previo pago.
En el ámbito educativo, el decreto establece que migrantes con situación irregular deberán ser admitidos en instituciones públicas o privadas en niveles inicial, primario y secundario. Sin embargo, las universidades públicas podrán cobrar retribuciones para los estudiantes que no tengan residencia permanente, aunque podrán acceder a becas si corresponden a los estatutos o convenios internacionales.
Creación de la Agencia de Ciudadanía por Inversión
Otra de las medidas destacadas es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que facilitará la concesión de ciudadanía argentina a quienes realicen inversiones significativas en el país. Con esta política, Argentina tendrá dos categorías claras de inmigrantes: los que lleguen con recursos, que serán bienvenidos, y los que ingresen sin inversión, a quienes se les aplicarán las restricciones dispuestas.
¿Qué implica esta reforma?
Con estas medidas, Milei apunta a una política migratoria más selectiva y basada en la inversión extranjera, siguiendo el ejemplo de EE.UU. y otros países que priorizan quienes aportan económicamente. La decisión de limitar derechos a quienes no tengan recursos busca, según el gobierno, fortalecer la seguridad y la economía nacional.
Este decreto genera un fuerte debate en Argentina, en un momento donde la gestión de migrantes y la protección social vuelven a estar en la agenda política y social del país.
Con información de Minuto Uno