La Justicia estadounidense dictaminó que la República Argentina deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF como parte de pago tras el fallo adverso relacionado con la expropiación de la compañía en 2012. La medida fue ordenada por la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, y constituye un nuevo revés judicial para el país.
El conflicto tiene su origen en la nacionalización del 51% de las acciones de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, decisión que derivó en una demanda millonaria por parte de distintos acreedores internacionales. Burford Capital, un fondo de inversión especializado en litigios internacionales, adquirió posteriormente los derechos para continuar con la demanda iniciada originalmente por el Grupo Petersen.
La reciente resolución judicial obliga a Argentina a transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM), en Nueva York, dentro de un plazo máximo de 14 días. Asimismo, deberá instruir a BNYM para que efectúe la transferencia definitiva hacia los beneficiarios del fallo en un lapso máximo de un día hábil luego del depósito de las acciones.
Esta medida llega como respuesta a la falta de garantías presentadas por Argentina desde la sentencia condenatoria inicial en 2023, que ordenaba al país abonar aproximadamente 16 mil millones de dólares. A pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había mostrado su respaldo a la postura argentina, Preska tomó una decisión contundente alineada con el reclamo de los fondos litigantes.
La defensa argentina ya adelantó que apelará la decisión, lo que podría generar una suspensión temporal del fallo mientras se revisa la cuestión en instancias superiores. Según Sebastián Maril, consultor especializado en litigios internacionales, esta resolución judicial es inédita y contradice claramente la recomendación emitida previamente por autoridades estadounidenses.
Desde que comenzó el juicio en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, la causa ha generado enorme expectativa por su impacto en la economía argentina. El fondo Burford Capital, junto con Eton Capital, han mantenido una agresiva estrategia legal para obtener compensaciones económicas importantes tras adquirir los derechos litigiosos originales.
Ahora, todas las miradas están puestas en la reacción del gobierno argentino encabezado por Javier Milei, quien asumió su mandato pocos días antes de que venciera el plazo inicial para presentar garantías financieras ante la Justicia norteamericana. El no haber cumplido con este requisito habilitó automáticamente la solicitud de embargos sobre activos argentinos, específicamente las acciones de YPF.
Este fallo, además de sumar incertidumbre económica, representa otro desafío para el gobierno argentino, que deberá buscar alternativas legales urgentes para minimizar las consecuencias financieras derivadas de la compleja situación judicial en Estados Unidos.