El Gobierno nacional extendió por tiempo indefinido la intervención de la empresa estatal Corredores Viales SA, encargada del mantenimiento y operación de rutas nacionales, en el marco del proceso de su disolución y privatización. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 464/2025, establece que la intervención continuará hasta que se concrete la completa transferencia al sector privado, según lo establecido en la Ley de Bases del sistema vial.
La prórroga fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y ratifica en su cargo a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora. Además, otorga al Ministerio de Economía la facultad de dictar normas complementarias para avanzar en el proceso. La intervención inicial, instaurada en abril mediante el Decreto 244/2025, busca facilitar una profunda reorganización interna y preparar la vía para adjudicar concesiones bajo la modalidad de peaje, según lo dispuesto en el Decreto 97/2025.
Razones y avances en la intervención
El decreto oficial señala que la decisión de extender la intervención responde a la detección de graves deficiencias estructurales y administrativas en la empresa, especialmente en áreas clave como compras, contrataciones, gestión legal y de capital humano. Como parte del proceso, ya se implementaron cambios internos, incluyendo un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la normalización del área legal.
Desde el Gobierno aseguran que estas mejoras requieren un tiempo de consolidación que garantice una transición ordenada hacia la privatización, que se realizará mediante concesiones que garantizarán la eficiencia en la gestión vial y en la inversión pública y privada.
Reestructuración del sistema de transporte nacional
La continuidad de Corredores Viales forma parte de una reforma más amplia en el sistema de transporte argentino. En ese marco, se está disolviendo o reformulando organismos históricos como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Tras el cierre de Vialidad Nacional, la nueva Agencia de Control asumirá la fiscalización de concesiones y permisos en rutas, tanto en transporte automotor como ferroviario, incluyendo cargas y pasajeros. En paralelo, el Ministerio de Economía será responsable del diseño, ejecución y mantenimiento del sistema nacional de rutas y obras complementarias. La reciente creación de la Agencia también contempla la coordinación de obras de infraestructura junto con las provincias mediante un nuevo Consejo Vial Federal.
En materia de seguridad vial, funciones de la desaparecida ANSV se redistribuyeron: la Secretaría de Transporte asumió políticas públicas, licencias de conducir y revisiones técnicas, mientras que la Gendarmería Nacional quedó a cargo del control operativo en rutas y autopistas. Además, la Subsecretaría de Transporte Automotor tomó las funciones relacionadas con el tránsito interjurisdiccional y la normativa relacionada.
Con información de Uno Entre Ríos