La semana pasada, el Gobierno argentino presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sus argumentos para que se suspenda la entrega de las acciones de YPF, respuesta formal al fallo de primera instancia dictado en 2023 por Preska, que ordenó la indemnización por la nacionalización de la petrolera, por un monto que supera los 16.000 millones de dólares.
-No conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska.
-Conceder una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
-Conceder la suspensión a favor de la Argentina.
Si la decisión es mantener la postura de Preska, el caso podría ser elevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que podría dejar a la Argentina en desacato. Este escenario complicaría las gestiones del Gobierno de Milei para gestionar vencimientos previstos de unos 10.000 millones de dólares hasta el próximo año, dado el contexto de financiamiento.
Una posible salida para el país sería negociar un acuerdo con los demandantes, entre ellos Burford Capital, principal beneficiario del caso. Se recuerda que la negociación es un tema observado desde el inicio del proceso judicial, hace más de una década.
Con información de Minuto Uno
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