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En Ávila, un trabajador de extinción fue arrestado como presunto autor del fuego que el 28 de julio afectó a unas 2.200 hectáreas entre Cuevas del Valle y Mombeltrán. El siniestro obligó a confinar a la población en dos ocasiones y provocó la muerte de un miembro del operativo. El acusado, vecino de la zona, confesó que había provocado el incendio para conseguir más días de trabajo, basándose en su experiencia en un fuego anterior. Ya fue puesto a disposición judicial y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.
En Muxía (La Coruña), una mujer de 63 años es investigada por su supuesta relación con cinco incendios ocurridos entre el 3 y el 11 de agosto. Testimonios y fotos la ubican cerca de los focos. El caso pasó al juzgado de guardia de Corcubión.
En Orense, un hombre de 28 años fue detenido in fraganti mientras iniciaba un fuego en Canibelos. Además, la semana pasada se arrestó a otro sospechoso en Celanova, a quien se le atribuyen al menos 20 incendios.
En el sur, el incendio de Tarifa sigue activo. Según Antonio Sanz, consejero de la Presidencia andaluza, las primeras investigaciones apuntan a que fue provocado de forma intencional, con el objetivo de generar un daño grave tanto ambiental como humano.
En Ávila, un voluntario de 58 años murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a colaborar con el operativo antiincendios. En Madrid, en el incendio de Tres Cantos, un hombre de 50 años falleció intentando ayudar a rescatar caballos de una hípica. En el siniestro también murieron unos 20 animales.
El Código Penal español establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes provoquen incendios que pongan en riesgo vidas humanas. Si no hay peligro directo para las personas, las penas van de 1 a 5 años, con aumentos en casos de especial gravedad o afectación a zonas protegidas.
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