La decisión se da en el marco de la intervención del organismo, que el Gobierno dispuso por decreto 601/2025 para 180 días, designando como interventor a Alejandro Alberto Vilches, quien tiene el mandato de auditar las actividades de la agencia, revisar compras, contrataciones y licitaciones.
Entre los argumentos del decreto se menciona la necesidad de “información o documentos de trabajo relativos a la gestión” y la responsabilidad de Scigliano de colaborar con esa auditoría, aportando datos sobre los posibles incumplimientos.
Estos movimientos forman parte de la respuesta oficial ante las denuncias de presuntas coimas y retornos en contrataciones, muchas de las cuales involucran al entorno político del Ejecutivo. La intervención busca transparentar la gestión, restablecer confianza institucional y responder al malestar social generado por los casos de auditorías controversiales, personas afectadas por revocación de beneficios, y denuncias de irregularidades operativas.
Con información de El Litoral
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