La Jefatura de Policía de Misiones dispuso pasar a disponibilidad preventiva al sargento Carlos D., custodio del intendente de San Ignacio, luego de que su nombre apareciera mencionado en la investigación por la presunta captación y explotación sexual de una joven de 18 años en un complejo turístico de esa localidad. La medida administrativa se resolvió mientras avanza la causa judicial.
El expediente es tramitado en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jardín América, a cargo del fiscal Jorge Fernández, quien analiza los resultados de las pericias y las actuaciones labradas tras el operativo realizado el domingo 26 de octubre. Una vez concluido ese análisis, el funcionario judicial definirá si corresponde avanzar con un requerimiento de instrucción por abuso sexual o si la causa debe ser derivada al fuero federal, en caso de confirmarse la hipótesis de trata de personas.
Durante el procedimiento en el complejo “La Familia”, donde la joven fue asistida, fueron demorados tres hombres, entre ellos el policía ahora desafectado. Todos permanecen en libertad, ya que por el momento no se hallaron elementos procesales suficientes para solicitar detenciones.
El caso tomó relevancia nacional luego de que la Fundación Alameda, presidida por Gustavo Vera, presentara una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El escrito detalla la presunta captación de la joven, amenazas hacia su familia, traslado forzado y abuso sexual, además de la posible intervención de efectivos policiales y allegados a la administración municipal.
De acuerdo con la denuncia, el padre de la víctima —también sargento de la Policía de Misiones— descubrió la situación tras recibir mensajes de su hija, quien alertó que había sido trasladada desde Loreto hacia San Ignacio. El operativo policial se activó tras ese aviso y permitió rescatarla.
La joven fue atendida por un médico legista en Puerto Rico, que constató lesiones compatibles con abuso sexual. En declaraciones posteriores a medios locales, la víctima aseguró que fue drogada, agredida por varias personas y amenazada, incluso con dañar a su hermana menor.
La denuncia presentada ante PROTEX pide investigar los delitos previstos en los artículos 140, 145 bis y 145 ter del Código Penal, que refieren a reducción a servidumbre y trata con fines de explotación. La fundación aportó registros de mensajes, copias de denuncias y datos familiares como prueba.
Por el momento, las actuaciones continúan bajo reserva judicial, y la disponibilidad del sargento se mantendrá vigente hasta que la Justicia determine el avance del expediente y la eventual competencia del fuero federal.