La medida, firmada por el ministro Marcelo Gabriel Pérez, se aplicará a todas las verificaciones realizadas luego del vencimiento, sin que se generen recargos adicionales durante el período de vigencia de la resolución.
Según el texto oficial, la suspensión rige desde su publicación y permanecerá activa hasta que se establezca una nueva normativa.
El Gobierno provincial justificó la decisión en la necesidad de simplificar el sistema de liquidación y facturación de las plantas verificadoras, además de aliviar la carga económica sobre los conductores.
Las estaciones habilitadas deberán adaptar sus sistemas para suprimir los intereses durante la vigencia de la medida.
La resolución declara además que la Verificación Técnica Vehicular y Motovehicular es de interés prioritario para la seguridad vial, pero aclara que la suspensión de intereses no exime del cumplimiento de la verificación obligatoria.
La disposición se inscribe dentro de una tendencia de modernización administrativa en la provincia, en sintonía con el espíritu de eficiencia, desburocratización y alivio impositivo que impulsa el nuevo paradigma liberal a nivel nacional.
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