Jorge Skripczuk
En ese marco, Jorge Skripczuk, referente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, cuestionó abiertamente los bloqueos y remarcó que ese tipo de medidas termina perjudicando a vecinos y consumidores que no tienen responsabilidad directa en el conflicto. Según planteó, los reclamos deben visibilizarse sin afectar la libre circulación, ya que de lo contrario pueden terminar restando respaldo social a los propios productores.
Para Skripczuk, el problema central está en el plano nacional. Puntó directamente contra el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, y contra el Decreto 812/2025 que lo reglamentó. Según sostuvo, esas normas recortaron atribuciones clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), especialmente la facultad de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.
A su entender, esa desregulación dejó a los pequeños productores sin herramientas de negociación frente a secaderos y molinos, y profundizó un escenario en el que los valores pagados quedan por debajo de los costos de producción.
La postura del sector que encabeza ya fue formalizada ante la Justicia Federal de Posadas. Allí presentaron una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 y solicitaron una medida cautelar para dejar sin efecto el Decreto 812 y su reglamentación. El objetivo es que el INYM recupere las facultades que tenía antes de la desregulación.
Hasta ahora, la presentación judicial cuenta con el respaldo de cinco asociaciones de productores y de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada. Además, Skripczuk confirmó que se siguen sumando adhesiones individuales: ya reúnen 75 firmas sobre un universo estimado de 13.000 productores en la provincia, y también buscan el acompañamiento de intendentes y ciudadanos.
El dirigente sostuvo además que la crisis excede a la yerba mate y a Misiones, y que golpea al conjunto de las economías regionales del país. En ese contexto, advirtió que muchos productores pequeños y medianos venden a pérdida o directamente dejan de cosechar porque los precios ofrecidos no alcanzan a cubrir los costos básicos.
Incluso llevó el planteo al terreno personal. Contó que hace tres años no levanta la cosecha en su chacra de Aristóbulo del Valle, pese a contar con un rinde estimado de entre 12.000 y 13.000 kilos por hectárea. También señaló que sostiene entre seis y siete hectáreas por su cuenta, mientras sus hijos eligieron otros caminos laborales ante la falta de rentabilidad del sector.
De cara a lo que viene, Skripczuk consideró que la salida de fondo será política y dependerá del rumbo que la ciudadanía defina en las urnas. Reclamó un modelo de gestión que vuelva a proteger a las economías regionales y advirtió que, sin un Estado que regule, los pequeños productores quedan expuestos a desaparecer frente a un proceso de concentración que favorece a los actores más grandes de la cadena.
Así, el conflicto yerbatero sigue abierto en dos frentes: en las rutas, con cortes y asambleas; y en los tribunales, con una demanda que busca devolverle al INYM el rol de árbitro dentro del mercado de la yerba mate.
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