El estudio, basado en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), indicó que el empleo asalariado privado cayó de 6.386.000 a 6.196.000 trabajadores, lo que implicó una baja de 190.000 puestos, equivalente a un 3%. En el sector público, la reducción fue de 111.000 empleos, mientras que el trabajo en casas particulares registró una caída de 22.000 personas.
En paralelo, otras modalidades de empleo mostraron una evolución opuesta. Los trabajadores autónomos aumentaron en 10.000 personas, mientras que los monotributistas crecieron un 7,8%, con 158.000 nuevos inscriptos, al pasar de 2.038.000 a 2.196.000. En contraste, el monotributo social sufrió una fuerte contracción, con 385.000 inscriptos menos, lo que representó una caída del 60,7%.
El informe advirtió que la caída del empleo asalariado fue parcialmente compensada por el crecimiento del trabajo independiente. “La caída de los asalariados privados (-190.000) y públicos (-111.000) es parcialmente compensada por el incremento de los monotributistas y autónomos (158.000 y 10.000 respectivamente)”, señaló EconViews. Sin embargo, esta dinámica dejó a 133.000 trabajadores fuera del sistema formal si se considera un traspaso directo.
El cambio en la estructura del empleo abrió un debate sobre la calidad laboral y la sostenibilidad del sistema previsional, en un contexto de caída del consumo y ajuste económico.
El pedido del FMI
En este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó la necesidad de revisar el régimen del monotributo. Durante la primera revisión del programa con la Argentina, el organismo sugirió analizar su funcionamiento y avanzar hacia una mayor integración con el sistema tributario general.
El reporte oficial indicó que sería necesario “armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general”. Además, propuso simplificar el impuesto a las sociedades mediante tasas más bajas y una reducción de deducciones y exenciones.
El organismo también recomendó reducir el gasto tributario, estimado en un 3,5% del PBI, y avanzar en la eliminación gradual de impuestos provinciales considerados distorsivos. A su vez, planteó mejorar la valuación de activos, especialmente en el sector inmobiliario y agropecuario, y fortalecer los registros existentes.
En paralelo, el FMI insistió en la necesidad de modernizar la administración tributaria y aduanera, optimizar los sistemas de información y aplicar esquemas de control basados en el riesgo para mejorar la recaudación.
Pese a las versiones que circularon en los últimos meses, el presidente Javier Milei descartó la eliminación del monotributo, lo que por ahora aleja cambios estructurales en el régimen.
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