La relación entre PAMI y los prestadores de salud atraviesa un momento de fuerte tensión. Clínicas y sanatorios que brindan atención a afiliados del organismo aseguran que enfrentan una situación económica cada vez más compleja debido a atrasos en los pagos, valores desactualizados y una deuda acumulada que estiman en alrededor de 500.000 millones de pesos.
Según denuncian representantes del sector, el problema no se limita únicamente a los plazos de cobro. El principal reclamo apunta a los montos que el organismo reconoce por consultas, prácticas y prestaciones médicas, los cuales, aseguran, quedaron muy por debajo de la evolución de la inflación y de los costos reales del sistema sanitario.
Costos en aumento y prestaciones bajo presión
Las entidades prestadoras sostienen que durante los últimos meses continuaron absorbiendo incrementos en medicamentos, prótesis, insumos médicos, salarios, tecnología, servicios públicos y gastos operativos, sin que esos aumentos hayan sido acompañados por una actualización equivalente de los ingresos provenientes de PAMI.
En ese contexto, muchas instituciones aseguran estar funcionando con márgenes negativos para evitar recortes en la atención o la suspensión de servicios esenciales.
Desde el sector advierten que la situación es especialmente delicada en varias ciudades del interior y en zonas densamente pobladas, donde numerosas clínicas dependen en gran medida de la atención brindada a afiliados del organismo.
Reclamos por débitos y pagos pendientes
Otro de los puntos cuestionados por los prestadores está relacionado con descuentos aplicados sobre facturaciones realizadas en los últimos años.
Las instituciones aseguran que existen reclamos pendientes por débitos que consideran improcedentes y que, según afirman, no recibieron respuestas administrativas satisfactorias.
A esto se suma la preocupación por la acumulación de pagos pendientes, una situación que complica la planificación financiera de clínicas y sanatorios que deben afrontar gastos corrientes para mantener la atención.
Impacto sobre los jubilados
Las entidades médicas sostienen que las dificultades económicas ya comienzan a reflejarse en la prestación de servicios.
Entre los problemas señalados aparecen mayores demoras para acceder a turnos, dificultades para sostener determinadas especialidades médicas, reducción de planteles profesionales y complicaciones para cubrir guardias y áreas críticas.
El escenario genera inquietud debido a que el sistema involucra la atención de más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en todo el país.
Mientras continúan los reclamos, prestadores y profesionales de la salud advierten que será necesario encontrar mecanismos que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema y asegurar la continuidad de las prestaciones para una de las poblaciones más vulnerables de Argentina.