El Gobierno nacional informó que durante los últimos seis meses fueron expulsados del país 14.000 ciudadanos extranjeros que registraban antecedentes penales, pedidos de captura internacional, impedimentos legales o situaciones migratorias irregulares.
La cifra fue dada a conocer por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de un video difundido en redes sociales, donde defendió la política de control migratorio implementada por la actual gestión.
“Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar”, expresó la funcionaria al comunicar los resultados de los operativos realizados en distintos puntos del país.
Según detalló el Ministerio de Seguridad, entre los casos contabilizados figuran personas con antecedentes penales, ciudadanos alcanzados por alertas rojas de Interpol, individuos con restricciones legales para ingresar al territorio argentino, extraditados y personas que intentaron ingresar o permanecer en el país sin cumplir los requisitos establecidos por la legislación migratoria.
Las cifras muestran un crecimiento respecto de los datos difundidos a comienzos de año. En enero, la ministra había informado que durante los primeros dos meses de gestión se habían registrado cerca de 5.000 casos entre expulsiones, inadmisiones, capturas y extradiciones.
Desde la cartera nacional atribuyen el incremento a los controles reforzados en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y distintos operativos de fiscalización desarrollados en centros urbanos.
Uno de esos procedimientos se realizó en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, donde efectivos de la Policía Federal Argentina identificaron a 458 personas mediante sistemas biométricos y cruces de datos con organismos nacionales.
Como resultado de ese operativo, se detectó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, quienes fueron intimados a regularizar su situación ante las autoridades correspondientes.
Además, las inspecciones permitieron detectar infracciones vinculadas a la comercialización de mercadería falsificada y teléfonos denunciados como robados, lo que derivó en secuestros y detenciones ordenadas por la Justicia Federal.
Monteoliva sostuvo que el objetivo de estas acciones es reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.
“En la Argentina, quien viola la ley debe hacerse responsable de sus actos”, afirmó la ministra.
Desde el Gobierno aseguran que la combinación de tecnología biométrica, controles migratorios y operativos coordinados entre distintas fuerzas permitió alcanzar las cifras registradas durante el primer semestre del año.