Las organizaciones objetaron la eliminación de límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el acceso a zonas estratégicas y el uso inmediato de superficies afectadas por incendios.
La Iglesia Católica expresó su rechazo al proyecto oficial sobre inviolabilidad de la propiedad privada y tierras, actualmente en discusión en el Senado de la Nación. A través de una carta abierta, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen advirtieron sobre las consecuencias que podrían tener los cambios propuestos en materia de extranjerización, recursos naturales y ordenamiento territorial.
El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, fue dirigido a los senadores nacionales y pidió que el debate legislativo priorice “el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que los intereses particulares”. La intervención de las organizaciones religiosas se sumó a las críticas de sectores políticos y sociales contra la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Según plantearon los firmantes, el proyecto dejaría sin efecto las limitaciones vigentes y permitiría ampliar la participación extranjera sobre superficies productivas y zonas consideradas estratégicas.
La carta también manifestó preocupación por el acceso a áreas con reservas de agua y otros recursos naturales considerados indispensables. Para las organizaciones eclesiásticas, la modificación de las normas podría reducir las herramientas disponibles para proteger esos bienes y regular su utilización.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de utilizar de manera inmediata superficies alcanzadas por incendios forestales. La Iglesia objetó los artículos que eliminarían las restricciones vigentes sobre esos terrenos y advirtió por las consecuencias que podría generar la flexibilización de los plazos para cambiar su destino o explotación.
El documento también señaló que la iniciativa debilitaría las facultades del Estado nacional, las provincias y los municipios para ordenar el territorio, planificar obras públicas y proteger a comunidades vulnerables frente al avance de intereses privados.
“La tierra no es una mercancía”, plantearon los sectores religiosos al defender el destino universal de los bienes. En ese sentido, sostuvieron que los recursos naturales no pueden ser considerados únicamente como activos económicos y remarcaron su importancia para las comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Según la carta, para esos sectores la tierra constituye un hogar, una fuente de trabajo y un medio de subsistencia. Por ese motivo, las organizaciones advirtieron que la desregulación prevista representaría un retroceso para la soberanía alimentaria y la protección de los bienes comunes.
La postura de la Iglesia se conoció mientras continúa el debate parlamentario en la Cámara alta. Sus cuestionamientos agregaron presión política sobre un proyecto que ya enfrenta resistencias entre sectores de la oposición y organizaciones civiles.
Con información de El Ancasti.
Este artículo fue escrito por una herramienta de inteligencia artificial. Un ser humano capacitado de nuestro equipo revisó el texto antes de su publicación.
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