La investigación estableció que la profesional se presentaba como dermatóloga pese a no contar con esa especialidad y que utilizaba laudos falsificados para convencer a pacientes de someterse a intervenciones. El perjuicio económico total fue estimado en unos 130.400 reales.
La Justicia de Brasil condenó a la médica Carolina Fernandes Biscaia, de Pato Branco, en el sudoeste de Paraná, a 11 años y 8 meses de prisión en régimen cerrado por un esquema de falsos diagnósticos de cáncer de piel que derivaba en cirugías y procedimientos innecesarios.
La sentencia la responsabilizó por ejercicio ilegal de actividad profesional, 21 hechos de lesiones corporales y 32 estafas. Al menos 38 personas que se presentaron como víctimas declararon durante la investigación, aunque en algunos casos la Justicia consideró que no existían pruebas suficientes para condenarla.
Según el Ministerio Público, el daño económico provocado a las víctimas fue estimado en aproximadamente 130.400 reales. La defensa de la médica informó que apelará la resolución y, por tratarse de una decisión de primera instancia, podrá recurrir en libertad.
Las investigaciones comenzaron en marzo de 2024, después de que algunos pacientes empezaran a desconfiar de los diagnósticos y procedimientos indicados por la profesional.
De acuerdo con la Policía Civil, la médica actuaba sola y ejercía una “fuerte presión psicológica” para que los procedimientos fueran realizados en el propio consultorio inmediatamente después de comunicar los supuestos diagnósticos.
La mecánica investigada consistía en examinar lunares y manchas de los pacientes, advertir que podían ser cancerígenos, extraer material y enviarlo a un laboratorio. En la consulta posterior, según la pesquisa, presentaba un informe falso con diagnóstico de cáncer de piel y recomendaba una intervención.
Las pericias determinaron que algunos de esos documentos eran falsificados dentro del consultorio mediante una fotocopiadora. Según la investigación, documentos adulterados eran colocados sobre los originales para generar nuevas versiones de los estudios.
Uno de los casos incorporados a la causa incluyó un audio grabado por una paciente en enero de 2024. En esa conversación, la médica celebraba la supuesta extracción de un melanoma y le aseguraba que no debía preocuparse por una eventual metástasis.
La paciente comenzó a sospechar al detectar inconsistencias entre el informe que había recibido y el documento que posteriormente obtuvo directamente del laboratorio. Después de descubrir la diferencia, la grabación pasó a formar parte de la investigación.
A pedido de la médica, esa paciente se había sometido a una ampliación de márgenes en la pierna izquierda. Según el relato incorporado a la causa, gastó más de 5.000 reales y quedó con una cicatriz producto de un procedimiento que finalmente se determinó que no era necesario.
El caso también derivó en actuaciones del sistema profesional brasileño. El registro de Biscaia ante el Consejo Federal de Medicina figura actualmente como regular, aunque no aparecen especialidades atribuidas a su matrícula. En redes sociales, la médica afirmaba ser dermatóloga.
En marzo de 2024, el Consejo Regional de Medicina de Paraná ya la había sancionado con una “censura pública” por anunciar una especialidad que no poseía. Dos meses después se dispuso una interdicción cautelar total por 180 días, aprobada por el Consejo Federal de Medicina, que le impedía ejercer durante ese período.
Consultado por g1 sobre eventuales procesos administrativos en curso, el CRM de Paraná indicó que las investigaciones y procedimientos ético-profesionales tramitan bajo secreto y recordó que las sanciones pueden ir desde una advertencia hasta la pérdida del derecho a ejercer la profesión.
Con información de g1 Paraná y RPC.
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