El recambio de ministros en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables no cayó muy bien a la gente del palo. Derna era gente de confianza de la anterior ministra y tenía una carrera política e institucional afianzada por lo menos mediáticamente; si bien había sufrido el desgaste de ser la cabeza de un organismo, había sabido ganarse a propios y ajenos. Juan Manuel Díaz, su reemplazo, era conocido por los trabajadores del ministerio y los guardaparques pero no por los votantes, por lo que la segunda línea renovadora aseguraba que era una movida demasiado arriesgada. Pero la impronta del técnico convertido en político está haciendo que se gane el respeto de sus compañeros de trabajo y la dirigencia política.

La detención de cuatro funcionarios del Ministerio de Ecología y RNR, entre ellos el Director de Control, el delegado en El Soberbio y otros dos integrantes del organismo, denunciados por un productor, fue un baldazo de agua fría para los ajenos, pero para el Ministerio fue un mimo, por lo menos para el dueño de la lapicera.

La historia es que cuatro personas que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Ecología y RNR de Misiones, habrían aparecido en la casa de un productor de picada Zulma (San Vicente) para apretarlo diciendo que debía pagar una multa de $500.000 por realizar un desmonte sin autorización del ministerio; pero que por $80.000 en efectivo hacían desaparecer el acta. Según se comenta en los pasillos del Juzgado de Instrucción de San Vicente, los detenidos formaban parte del staff de la Dirección General de Bosques Nativos del Ministerio de Ecología: Jorge Mario Z. (57), Héctor Oscar W. (60), Claudio Daniel M. (47) y Juan Carlos G (43 años).

Pistola marca TALA calibre .22 idéntica a la secuestrada en poder de los funcionarios detenidos.

La detención se logró porque el colono sanvicentino, lejos de cualquier estereotipo diseñado dentro de las cuatro avenidas de Posadas, armó una estrategia para exponer a los supuestos coimeros: los citó en una estación de servicios sobre la ruta, manoteó 9.800 pesos cash, anotó las series de los billetes y hasta fotocopió la plata que les entregaría a los representantes de Ecología. Fue hasta la Policía de Misiones, explicó la situación y se fue a reunir con los funcionarios del ministerio. Les dió la plata y avisó nuevamente a la policía, que salió a interceptarlos. Adivinen qué tenían encima cuando fueron detenidos. Exacto, el sobre con los $9.800, además de un arma calibre .22, balas, un arma falsa (de plástico) réplica de una 9mm, documentaciones varias, 6 teléfonos celulares y 4 credenciales a nombre de los detenidos otorgados por el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones.

Juan Manuel Díaz, el ministro, ordenó la intervención de la Dirección de Control Forestal, y la inmediata separación de sus funciones para los agentes involucrados “por todo el tiempo de la investigación, y la apertura de un sumario administrativo interno que avanzará en paralelo a la causa judicial para deslindar y determinar responsabilidades y apoyar la investigación judicial”, decía el comunicado que salió desde el organismo, pero además dispuso que el Director General de Asuntos Jurídicos fuera hasta San Vicente “para colaborar y ponerse a disposición del Juez de Instrucción, Gerardo Alberto Casco, en todo lo conducente al esclarecimiento de los hechos”.

Lejos de salir golpeado de esta orgía de corrupción que quedó al descubierto, Díaz logró capitalizar lo sucedido para él y para el partido, haciendo honor al refresh del que Rovira viene haciendo referencia hace un par de años, porque también lejos de la vieja costumbre de esconder y esconderse se paró de manos frente a la situación y logró empatía del electoraado. Ahora la justicia misionera tiene que probarnos que puede ser tan implacable como la gente le reclama.

 

 

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