Que los miles de cultivadores que plantan marihuana con fines terapéuticos dejen la clandestinidad. Que los pacientes reciban el aceite que alivia sus enfermedades a un precio justo y sin necesidad de esconderse. Que los médicos que sostienen que existen pruebas de mejorías puedan indicarla fácilmente. Que una ley muerta cobre vida y se cumpla.

Esas, entre otros, son los objetivos del proyecto para plantar dos hectáreas de cannabis con fines terapéuticos, científicos y de investigación que llevan a cabo el INTA Centro Regional Patagonia Norte y la asociación civil Ciencia Sativa.

El proyecto se presentó al Ministerio de Salud de la Nación hace un tiempo y fue aprobado. Es la primera vez que se realizará en el país a través de organismos públicos y es un paso de vital importancia para que se comience a cumplir lo dispuesto en la Ley 2.7350, que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, promulgada el 29 de marzo de 2017.

“No se puede arrancar con muchas hectáreas, dos es mucho y para arrancar está muy bien”, dice Mariana Amorosi asistente de planificación regional del INTA Patagonia Norte, quien subraya los puntos innovadores de esta propuesta.

“Deben estar todas las opciones: una regulación integral de autocultivo, los privados y la producción estatal a un costo accesible.” comentó la presidenta de la asociación Ciencia Sativa, Gabriela Calzolari.

A nivel nacional, solo hay un proyecto de estas características en Jujuy, pero lo llevan adelante la provincia y una empresa privada estadounidense que puso el financiamiento. Otra diferencia, es que en este proyecto por primera vez se toma en cuenta el saber de los que vienen trabajando y luchando desde las asociaciones civiles y ONG.

Como explicó Mariana Amorosi desde las asociaciones investigan desde hace años: “Ciencia Sativa canaliza las demandas de los usuarios. Vienen trabajando en el tema cultivos, al margen de la ley y así son perseguidos, etc. Ellos son los que tienen el saber. Es como con el productor frutícola, se comparte la experiencia entre el ingeniero y el productor; y lo mismo se hará acá”, dijo y aseguró que no hay antecedentes de este tipo en el país.

Para Gabriela Calzolari, presidenta de la asociación civil Ciencia Sativa el estado está en pañales en este tema. “Por eso, estamos orgullosos que el INTA haya aprobado el trabajo en conjunto con una ONG. Ellos no tienen experiencia en cultivo de cannabis y necesitan este know -how de los cultivadores”, destacó.

En la experimental se harán invernaderos, una planta de secado y se ocupará un laboratorio. El tema de la elaboración de los aceites todavía se está diseñando, pero están en contacto con los laboratorios públicos de las provincias, porque la idea es que todo se realice en el ámbito público.

Uso medicinal

El 80% de la gente que podría usar cannabis medicinal para mejorar su calidad de vida, hoy queda afuera de la ley que regula su empleo con fines medicinales. La norma solo contempla los casos de epilepsia refractaria (y con preparados importados que no a todos les funciona). De modo que la mayoría accede al cannabis a través del circuito desregulado o ilegal.

“Hablamos de pacientes oncológicos, personas de la tercera edad y gente con dolor crónico. Estados Unidos dejó de investigar el cannabis para el dolor porque ya hay sobrada evidencia de que funciona”, argumentó Gabriela Calzolari, presidenta de la asociación civil Ciencia Sativa.

Los integrantes del proyecto estiman la puesta en marcha del cultivo en 2020. Consideraron la aprobación del Ministerio de Salud como el paso más importante.

Tema seguridad

Ahora, aguardan la aprobación del predio por parte del Ministerio de Seguridad ya que establece varias condiciones para cultivar, como la instalación de las cámaras de seguridad, personal policial y rejas, entre otros.

“La idea es darle vida a la ley que sigue siendo vacía” definió Calzolari al tiempo que recordó que la norma sólo habilita el cultivo a partir de proyectos de investigación. Por eso, se habla de cultivo experimental.

“No quiere decir que los fitopreparados no vayan a llegar a la gente. Pero los hospitales o centros de salud públicos tendrán que armar protocolos de investigación, hacer sus propios registros y evaluaciones”, especificó Calzolari.

En una etapa posterior se autorizarán a los centros, médicos y grupos de trabajo de la Universidad Nacional del Comahue y Río Negro a recibir materia vegetal para emprender estos protocolos de investigación.

La segunda etapa del proyecto será la creación de un banco de germoplasma (de semillas) para realizar trabajos genéticos en Bariloche aunque aún no está aprobada.