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馃槸 Correo Argentino: confirmaron la intervenci贸n 芦total禄 con desplazamiento de directivos

Por Oscar Vitelli


Se sum贸 otra disposici贸n adversa para el Grupo Macri, que pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que el de la deuda reconocida.

La C谩mara en lo Comercial dispuso que contin煤e la intervenci贸n judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar 芦potenciales perjuicios a acreedores禄 orden贸 el 芦desplazamiento total禄 de sus directivos, por lo que se sum贸 otra disposici贸n adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que la deuda reconocida.

La resoluci贸n de primera instancia, dictada en el marco del proceso de 芦salvataje禄 de la empresa, hab铆a sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhiri贸 el Procurador del Tesoro de la Naci贸n, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de 芦vaciamiento禄.

Contra esa resoluci贸n, dictada luego de dos d茅cadas de iniciada la causa, la concursada present贸 un recurso que fue rechazado por la Sala B de la C谩mara, en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.

Desde la accionista y principal controlante Socma sostuvieron que esa sociedad siempre colabor贸 para evitar la quiebra de Correo Argentino, que, afirmaron, 芦se mantiene禄 por sus aportes 芦desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado Nacional, que actualmente contin煤a utiliz谩ndolos禄, se帽alaron los representantes legales del Grupo Macri.

Adem谩s, plantearon que eran 芦err贸neas禄 las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la jueza Cirulli, y solicitaron que se aclaren cu谩les eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de cramdown (salvataje).

Las accionistas pidieron medidas de prueba, pero la Sala B de la C谩mara Comercial determin贸 que las mismas 芦resultan incompatibles con el examen de esta medida provisional, limitada a esta etapa acotada del procedimiento de cramdown y porque, adem谩s, la cuesti贸n puede resolverse con las constancias obrantes禄 en la causa.

Omisi贸n de informaci贸n

El tribunal, en ese punto, record贸 que la ley 24.522 (ley de concursos y quiebras) habilita al juez a disponer la separaci贸n del concursado de la administraci贸n cuando se incurre en algunas de las conductas enunciadas en la misma norma, como 芦la omisi贸n de informaci贸n que el juez o el s铆ndico le requieran禄 y 芦en general, cualquier acto en perjuicio potencial o evidente para los acreedores禄.

La C谩mara Comercial a帽adi贸 que la juez Cirulli profundiz贸 la medida teniendo en cuenta el pasivo posconcursal que 芦aun cuando se tomara como referencia aquel reconocido por la apelante de 118.363.388,68 pesos (la intervenci贸n indic贸 191.997.055,52 pesos), se aprecia relevante, considerando la casi nula actividad que la deudora desplegara durante estos a帽os禄.
Las camaristas Matilde Ballerini y Mar铆a G贸mez Alonso dijeron que 芦a ese respecto no s贸lo cabe cuestionar la existencia de que esas deudas que sin hesitaci贸n agravan la situaci贸n de la masa de acreedores, sino el hecho de que en esta instancia todav铆a no pueda determinarse de modo claro su extensi贸n, con la consiguiente imposibilidad de garantizar un adecuado control del Magistrado concursal禄.

En tal sentido, para justificar la intervenci贸n judicial, integrantes de la Sala B se帽alaron que 芦resulta necesario controlar que estas situaciones no se sigan produciendo禄 y que el juez del concurso 芦pueda estar al tanto禄 de las operaciones de la empresa 芦que en el pasado no fueron canalizadas para lograr la pertinente autorizaci贸n禄.

Sobre las referencias efectuadas por la concursada respecto de que sus bienes habr铆an sido 芦expoliados禄 por el Estado Nacional, el tribunal de segunda instancia remarc贸 que 芦dichas cuestiones competen al Fuero Federal, donde son ventiladas禄.

Justicia federal

La referencia es a la causa que tramita ante la justicia federal, en la que el fiscal de ese fuero, Pedro Zoni, luego desplazado, formul贸 imputaci贸n contra el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por un acuerdo de pago entre la concursada y el Estado Nacional, durante el anterior gobierno.

El acuerdo fue rechazado en coincidencia con el dictamen de Boquin, quien se opuso por considerar que implicaba una quita de casi el 99 por ciento de la deuda, mientras que en el fuero federal un representante del Ministerio P煤blico lo consider贸 芦abusivo禄 y 芦ruinoso禄 para el Estado.

En concreto, la Direcci贸n General de Asesoramiento Econ贸mico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) de la Procuraci贸n General de la Naci贸n hab铆a estimado que extender el pago hasta 2033 (cuando finalizar铆a si se aceptaba la propuesta de la concursada), el Estado dejar铆a de percibir una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos.

Boquin, a quien la concursada le atribuye 芦falacias禄 en sus dict谩menes y a la que intent贸 sin 茅xito apartar del expediente, determin贸 que el Correo Argentino se benefici贸 con un estado de ‘eterno’ concurso -la causa se inici贸 en 2001- para suspender por m谩s de 15 a帽os el pago a sus acreedores, lo que implic贸 芦perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa禄.

A principios de mayo, la fiscal present贸 un nuevo dictamen en el que puso el foco sobre la relaci贸n entre Correo Argentino SA y el banco austr铆aco Meinl Bank, entidad financiera a la que se quit贸 la licencia y es investigada por lavado de dinero, que aparece como acreedor en el proceso concursal, y remiti贸 documentaci贸n a la Justicia penal.

El mismo d铆a en que la C谩mara Comercial ratific贸 la intervenci贸n judicial de la empresa concursada, Correo Argentino SA present贸 varios escritos en los que cuestionaron otra vez a Boquin y pidieron que las actuaciones pasen al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicci贸n que suele ser permeable a los intereses del expresidente Macri.

Adem谩s, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, se opuso a todos los pedidos de quiebras que se presentaron en el concurso, entre ellos los promovidos por titulares de cr茅ditos laborales.


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