Según un informe de la BBC, esta ley también apunta a eliminar las prohibiciones a los inquilinos de solicitar beneficios del Gobierno.
El proyecto de ley tiene como objetivo asegurar que los propietarios solo puedan recuperar sus propiedades de inquilinos que muestran comportamientos antisociales.
“La ley presentará un cambio de paradigma en el sector del alquiler privado, otorgando a los inquilinos el derecho legal de tener una mascota en su hogar y prohibiendo a los propietarios rechazar a las familias con niños y a aquellos que reciben beneficios”, indicó una fuente.
En su manifiesto de las elecciones generales de 2019, los conservadores prometieron “un trato más justo para los inquilinos”, que incluía la abolición de los desalojos sin justificación como se permite actualmente.
La ley actual, conocida como Sección 21, permite a los propietarios desalojar a los inquilinos sin proporcionar una razón, con un plazo de dos meses para dejar la vivienda después de recibir la notificación.
Según las nuevas reformas, el Gobierno indicó que un contrato de alquiler “solo se terminará si el inquilino lo concluye o si el propietario tiene una razón válida para la posesión”.
A pesar del apoyo generalizado a la ley propuesta, algunos parlamentarios conservadores y otros activistas expresaron su preocupación de que pueda resultar en la salida de propietarios del mercado y la consiguiente disminución de las propiedades de alquiler disponibles.
Siobhan Donnachie, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Londres, criticó el proyecto de ley por no prohibir “los enormes e injustos aumentos de alquiler que enfrentan nuestros miembros”.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Michael Gove, afirmó que el proyecto de ley garantizará que los inquilinos estén “protegidos de la pequeña minoría de propietarios deshonestos que utilizan la amenaza de desalojo sin justificación para silenciar a los inquilinos que quieren quejarse de las malas condiciones”.
Según el ministro, se espera que el proyecto se convierta en ley a finales de año.
Mientras que el líder laborista, Keir Starmer, expresó su apoyo general a los planes del Gobierno, pero señaló que podrían haberse implementado más rápidamente.
A su vez, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios Residenciales, Ben Beadle, expresó también su preocupación por algunas de las reformas propuestas en el proyecto de ley, al tiempo que sugirió que podrían exacerbar la crisis de suministro de viviendas de alquiler.
El Gobierno detalló que el proyecto de ley buscará fortalecer los poderes de aplicación de los consejos para atacar a los propietarios criminales, empoderar a un nuevo ombudsman para resolver disputas de arrendamiento de manera rápida y económica, y establecer un nuevo portal online para ayudar a los inquilinos a tomar mejores decisiones al firmar un nuevo contrato de arrendamiento.
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