Este incremento sustancial en los gravámenes fue formalizado mediante una orden ejecutiva este miércoles, en medio de una creciente tensión diplomática entre Washington y Brasil, vinculada al proceso judicial contra Bolsonaro y sus intentos de desconocer los resultados electorales de 2022.
Desde Brasil, el vicepresidente Geraldo Alckmin advirtió que la suba en los aranceles impacta en más de un tercio de las exportaciones, pero también destacó que el gobierno brasileño ya evalúa medidas para mitigar el impacto, como subsidios a los sectores más afectados y acelerando la diversificación de sus mercados de exportación.
La administración de Donald Trump sostuvo que las acciones de Brasil representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la economía, la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU. En un comunicado oficial, acusaron al gobierno brasileño de no actuar con justificación objetiva respecto a las investigaciones contra Bolsonaro, quien enfrenta cargos relacionados con un intento de deslegitimar las elecciones de 2022.
A pesar de la escalada en los aranceles, el gobierno estadounidense otorgó más de 700 exenciones que eximen productos esenciales para Brasil, como jugo de naranja, fertilizantes, aeronaves civiles, metales preciosos y pasta de celulosa. En palabras de la analista Valentina Sader, «el impacto podría haber sido mayor», dado que Brasil ya contempla subsidios para los sectores afectados y busca reducir su dependencia de EE.UU. en sus exportaciones.
La medida coincide con una nueva ronda de aumentos arancelarios que afectará también a la Unión Europea y Taiwán, en una escalada que, según cálculos de Pantheon Macroeconomics, podría elevar la tasa media de aranceles en EE.UU. a casi un 20%, un récord desde la década del 30, según datos de Yale.
Por otro lado, la tensión alcanzó un nuevo pico tras la decisión de un juez brasileño de arrestar en domicilio a Bolsonaro por violar una orden de restricción en redes sociales. La medida, a cargo del magistrado Alexandre de Moraes, fue condenada por Estados Unidos, que afirmó que “restringe el derecho del exmandatario a expresarse públicamente” y que “amenaza la democracia”.
Desde la Casa Blanca, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental expresó que “el ministro Alexandre de Moraes, sancionado por EE.UU. por violaciones a los derechos humanos, continúa usando las instituciones para silenciar a la oposición. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!”.
En Brasil la respuesta fue más mesurada pero firme. La postura del presidente Lula da Silva fue clara: “La soberanía brasileña no está en discusión”. El mandatario ha dejado en claro que prioriza el diálogo y rechaza injerencias externas en los asuntos internos del país.
Con información de Ámbito
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