Foto de portada: Sixto Fariña
Docentes, no docentes, estudiantes y graduados protagonizarán este martes una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país, en reclamo por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La protesta tendrá movilizaciones durante toda la jornada y su epicentro estará en la Ciudad de Buenos Aires, donde está previsto un acto central a las 17 en Plaza de Mayo. Además, las universidades realizarán un paro con suspensión de clases.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que mantiene una disputa judicial con el Gobierno nacional por la ejecución de la ley de Financiamiento Universitario. También se sumaron la Universidad de Buenos Aires, organizaciones estudiantiles, gremios docentes, espacios políticos, organizaciones sociales y la Federación Universitaria Argentina.
Desde el CIN señalaron que ya pasaron 200 días sin que se cumpla la ley aprobada por el Congreso. En ese marco, las universidades públicas denuncian una situación crítica por la pérdida de recursos y el deterioro salarial acumulado desde diciembre de 2023.
Según los datos difundidos, las transferencias presupuestarias a las universidades registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Además, desde el Centro de Economía Política Argentina indicaron que las becas estudiantiles tuvieron una baja del 76% en ese período.
El reclamo también apunta a la situación salarial de los trabajadores docentes. Según CONADU, los docentes universitarios sufrieron una retracción del 34% en sus ingresos desde la asunción de Javier Milei hasta enero de 2026. Un profesor universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de $305.604.
Un informe del propio CIN indicó que, mientras los salarios universitarios subieron 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación acumulada fue del 280%. Ese desfasaje implicó una caída del 32% en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
En paralelo, el Poder Ejecutivo oficializó mediante la Decisión Administrativa 20/2026 una quita de $78.768 millones en partidas de la Secretaría de Educación. Entre los recortes señalados aparecen una baja de $35.288.051.713 en el Plan Nacional de Alfabetización y la supresión del Fondo de Compensación Salarial Docente por $8.929.835.294.
El conflicto también se mantiene abierto en el plano judicial. La Cámara de Apelaciones concedió un recurso extraordinario al Gobierno nacional en la causa por la ley de Financiamiento Universitario, lo que suspendió la ejecución de la medida cautelar hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el Gobierno argumentan que la aplicación de la ley implicaría un desembolso cercano a los $2,5 billones, lo que afectaría el objetivo de superávit fiscal. Del otro lado, las universidades advierten que el ajuste compromete el funcionamiento del sistema público de educación superior, los salarios, las becas y la infraestructura.
La nueva movilización vuelve a colocar a la universidad pública en el centro de la escena política nacional, en medio de una pulseada cada vez más fuerte entre el ajuste fiscal del Gobierno y el reclamo de financiamiento para sostener el funcionamiento del sistema universitario.