La sentencia fue dictada en ausencia, ya que el exlegislador reside en Estados Unidos desde 2025. Aunque el fallo aún puede ser apelado, establece una pena de cumplimiento inicial en régimen semiabierto y dispone además su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ocho años.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, Eduardo Bolsonaro realizó gestiones ante autoridades estadounidenses para intentar presionar al sistema judicial brasileño en favor de su padre, quien fue condenado en 2025 por intentar mantenerse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022.
El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, sostuvo que un legislador brasileño no puede realizar acciones de lobby en el exterior contra las instituciones de su propio país.
De acuerdo con la investigación, Eduardo Bolsonaro habría buscado obtener sanciones internacionales contra integrantes del Poder Judicial brasileño con el objetivo de influir en procesos vinculados a la situación judicial de su padre.
La Fiscalía argumentó que el exdiputado intentó presionar a autoridades judiciales y otros poderes del Estado mediante contactos con funcionarios estadounidenses y sectores políticos conservadores de ese país.
Cuatro magistrados respaldaron la postura del Ministerio Público y consideraron acreditada la conducta de coacción.
Tras conocerse la sentencia, el senador Flávio Bolsonaro, hermano de Eduardo e hijo mayor del expresidente, cuestionó duramente la decisión judicial.
A través de redes sociales, calificó la condena como una “venganza” impulsada por el juez Alexandre de Moraes y afirmó que Brasil atraviesa un deterioro institucional.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro aseguró que el verdadero objetivo del proceso es impedir su participación en futuras elecciones.
“El objetivo es sacar mi nombre de las elecciones”, sostuvo en un comunicado difundido en la red social X.
La condena se produce en medio de una relación compleja entre Brasil y Estados Unidos.
Durante los últimos años, Eduardo Bolsonaro mantuvo contactos con funcionarios de la administración de Donald Trump y con organizaciones conservadoras estadounidenses para buscar respaldo político para su padre.
En ese contexto, Washington llegó a aplicar sanciones económicas contra el juez Alexandre de Moraes y adoptó medidas comerciales contra Brasil, aunque posteriormente parte de esas decisiones fueron revertidas tras acercamientos diplomáticos entre los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump.
No obstante, las tensiones bilaterales volvieron a crecer en los últimos meses por diferencias comerciales y cuestiones vinculadas a la seguridad regional.
Mientras avanza el proceso contra su hijo, Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión impuesta en 2025 por delitos relacionados con los hechos posteriores a las elecciones presidenciales de 2022.
Actualmente, el exmandatario permanece bajo arresto domiciliario en Brasilia debido a cuestiones de salud autorizadas por la Justicia.
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