El informe concluyó que Rayner no actuó con mala intención, pero que la falta de asesoramiento fiscal especializado representó una violación al código ministerial. La dirigente laborista reconoció públicamente su error y expresó que “lamenta profundamente no haber buscado antes asesoramiento especializado en impuestos”.
La polémica gira en torno a la declaración de la vivienda como residencia principal, lo que redujo el pago de “stamp duty” a unas 30.000 libras, en lugar de afrontar un monto mayor por tratarse de una segunda propiedad. Esto le habría significado un ahorro de hasta 40.000 libras.
Rayner explicó que el error se produjo en un contexto personal complejo, atravesado por su divorcio y el cuidado de su hijo con discapacidad, aunque asumió la responsabilidad política de la situación.
Su salida supone la octava baja en el gabinete de Keir Starmer, y hasta ahora la más significativa. El propio primer ministro lamentó la dimisión de su número dos, aunque reconoció que se trataba de la “decisión correcta” para preservar la credibilidad del gobierno.
La oposición, en tanto, no tardó en cuestionar a Rayner y al laborismo, señalando la contradicción entre la postura de firmeza que la exfuncionaria había tenido en el pasado contra la evasión fiscal y su situación personal.
La renuncia llega en un momento delicado para el oficialismo británico, en medio de un descenso en las encuestas y el avance del partido populista Reform UK, lo que suma presión sobre la estabilidad política de Starmer y su equipo.
Con información de El País
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